Ratifica juzgado la sentencia absolutoria dictada el 16 de diciembre de 2025 a favor de las 21 personas defensoras comunitarias criminalizadas por su labor en defensa del territorio de El Coyul, agencia de San Pedro Huamelula, en la zona chontal del Istmo, informó la Sociedad Agricola Ganadera El Coyul.
El 16 de diciembre del 2025 el Juzgado de Control en Materia Penal de Santo Domingo Tehuantepec, resolvió revocar la decisión del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario Dos del Circuito Judicial del Istmo de Tehuantepec, mediante la cual se había dictado sentencia en contra de 21 personas defensoras de la comunidad indígena Chontal El Coyul por despojo de tierras en perjuicio de la Sociedad Agrícula Ganadera El Coyul Oax S.C., quienes habían sido condenadas a 15 años de cárcel, el pago colectivo de una reparación de 55 millones de pesos mexicanos y una multa de 90 mil pesos mexicanos.
“Esta resolución confirma que la defensa de la tierra, las playas, los manglares, la laguna y la selva de nuestro territorio no constituye delito alguno y representa una importante victoria frente a los intentos de criminalización y judicialización mediante la fabricación de delitos.”, expresó en un comunicado la Asamblea Comunitaria El Coyul.
Aseguraron que este resultado es posible gracias a la resistencia y organización de la comunidad, así como al acompañamiento solidario de numerosas personas, organizaciones, colectivos, pueblos y comunidades que durante años permanecieron atentos al proceso, denunciaron las injusticias y respaldaron su lucha.
“Sin embargo, la ratificación de esta absolución no pone fin al conflicto territorial que enfrenta nuestra comunidad. Por el contrario, nos preocupa que, ante este resultado favorable, puedan incrementarse las presiones, amenazas, actos de hostigamiento o cualquier otra forma de agresión contra quienes defendemos el territorio y exigimos el respeto a nuestros derechos colectivos.”, recalcaron.
Por ello, responsabilizaron de cualquier acto de violencia, persecución, intimidación, amenaza, acoso, hostigamiento, difamación o agresión que pudiera cometerse en contra de los habitantes de El Coyul e integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio a : Alfredo Manuel Mena Alonso, Joel Ricardez López y Rigoberto Cruz Cartas.
El primero considerado operador político representante de la Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias Costa Istmo (UNECACI), organización vinculada a una red de venta ilegal de playas y tierras comunales en la región, actúa como apoderado legal de Joel Ricardez, éste, autonombrado “dueño” de las mil 452 hectáreas en disputa, el principal impulsor del Proyecto Residencial Punta Faro, un desarrollo turístico que busca privatizar y destruir zonas de manglar, playa, selva y territorios de alto valor ecológico que históricamente han sido resguardados por la comunidad.
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