La libertad de 21 defensores y defensoras chontales de la comunidad de El Coyul, Agencia Municipal de San Pedro Huamelula, Oaxaca, ¡está en riesgo!, señaló la asamblea comunitaria El Coyul y organizaciones de Derechos Humanos, quienes al mismo tiempo informaron sobre el inicio de la audiencia de debates este 04 de septiembre contra 21 habitantes de la comunidad, injustamente acusadas de despojo agravado.
La cita está programada para las 12:00 horas en la Sala de Audiencias del Tribunal de Juicio Oral de Tehuantepec, Oaxaca, ante el juez Antonio Jiménez Carballo. “Se trata de un juicio con origen en delitos fabricados, donde no existe posesión previa por parte de los acusados, y por lo tanto, no puede configurarse ningún despojo” señaló el Observatorio Memoria y Libertad.
Las 21 personas acusadas que integran actualmente la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul, organizadas desde 1972, apuntaron en un comunicado “Hoy, enfrentamos un intento sistemático de despojo de 1,452 hectáreas de nuestro territorio ancestral —incluyendo playa, manglares, selva y zonas de alto valor ecológico y cultural—, operado por un entramado entre particulares, notarios, funcionarios judiciales y autoridades coludidas con intereses inmobiliarios”.
Asimismo detallaron que los principales operadores de este intento de despojo son integrantes del llamado “Cartel del Despojo” una célula delictiva presente en Oaxaca y otros estados del país con múltiples demandas por despojo y apropiación ilegal de tierras y bienes.
“La criminalización ha sido orquestada por un entramado de intereses económicos, encabezado por Joel Ricardez López, quien se autonombró propietario de las tierras; Alfredo Manuel Mena Alonso, apoderado legal y representante de UNECACI; y Rigoberto Cruz Cartas, presidente de la falsa Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul Oax S.C. Juntos operan con el respaldo de notarios, autoridades y funcionarios que buscan imponer el proyecto residencial Punta Faro” apuntaron.
Recordaron que el pasado 08 de mayo, el juez Onasis Aureliano Díaz Morgan dictó una condena de 15 años de prisión, una multa individual de 90 mil pesos y un pago colectivo de 55 millones por una supuesta reparación del daño. Esta sentencia se emitió ignorando pruebas, negando derechos y protegiendo intereses privados. “Exigimos su anulación inmediata, el cese de la persecución judicial, y la cancelación de permisos que permiten avanzar con la destrucción ambiental” apuntaron.
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