Durante años, OHL México, ahora Aleatica, se ha beneficiado de redes que ha logrado tejer con la élite política priísta en el Estado de México, así como por su relación con despachos de abogados, funcionarios y exfuncionarios públicos, como el expresidente de México Enrique Peña Nieto, y Julio Scherer Ibarra, exconsejero de la Oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
En una investigación periodística, Empower demuestra como estas redes empresariales y políticas de Aleatica le han permitido operar vialidades a través de cuestionadas concesiones y operaciones bursátiles, al mismo tiempo que emprende acciones legales en contra del derecho a manifestarse en la vía pública, contribuyendo a la criminalización de una defensora de derechos humanos: Kenia Hernández.
En cuanto a la contribución de Aleatica en la criminalización de Hernández, también abogada y coordinadora del colectivo Zapata Vive, la empresa, a través de su subsidiaria CONMEX, es parte ofendida y denunciante en una de las causas penales en contra de la defensora, pues, según dos individuos no localizables, el CEM fue la vialidad donde supuestamente Hernández cometió robo.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que lleva la defensa de Hernández, demostró que la defensora no se encontraba ese día ni a esa hora en la carretera; sin embargo, el contexto de intereses públicos y privados en criminalizar la protesta social, con el objetivo de favorecer los negocios de empresas contratistas y concesionarias de obras públicas, mantiene a Hernández encarcelada.
Según los hallazgos de Empower, Julio Scherer Ibarra estaría conectado tanto con las empresas denunciantes en dos causas judiciales contra Kenia Hernández —Aleatica y COCONAL, S.A.P.I. de C.V.— como con las autoridades que ejecutaron la criminalización de la defensora.
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