La propuesta de iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos representa, a juicio del periodista y escritor Luis Hernández Navarro, un retroceso en el reconocimiento de la autonomía y la libre determinación de los pueblos originarios.
Durante una entrevista en Astillero Informa, el coordinador de Opinión de La Jornada sostuvo que el documento sometido actualmente a consulta no amplía de manera efectiva los derechos de las comunidades, sino que establece condiciones para su ejercicio.
El coordinador de Opinión de La Jornada consideró que el proyecto es “claramente regresivo” y “limitativo” porque, según sostuvo, reconoce derechos indígenas bajo control y tutela del Estado.
Hernández Navarro contrastó la propuesta actual con la reforma de 2001, que, según explicó, reconoció derechos indígenas pero estableció diversos candados legislativos que dificultaron su aplicación. En su opinión, el nuevo proyecto mantiene una lógica similar, aunque con otra modalidad.
“Esta nueva legislación reconoce derechos siempre y cuando sean controlados por el Estado y tutelados por el Estado”, sostuvo.
“Amarrar la libre determinación”. Para explicar su crítica, Hernández Navarro recurrió a una metáfora sobre un caballo que pierde su fuerza porque permanece atado. El animal, dijo, representa la autonomía de los pueblos indígenas y el árbol al que está sujeto simboliza los límites impuestos desde el Estado.
“Eso es la autonomía y eso es lo que hace esta ley que quieren aprobar: amarrar la libre determinación y la autonomía de los pueblos indios”, afirmó.
El periodista vinculó esta discusión con una deuda histórica que, a su consideración, permanece pendiente desde los Acuerdos de San Andrés de 1996, cuyo propósito era reconocer a los pueblos originarios como sujetos colectivos y garantizar el ejercicio de su libre determinación.
Desde entonces, señaló, se han realizado modificaciones legales que no han resuelto problemas de fondo. Entre ellos mencionó las condiciones de los jornaleros agrícolas, los conflictos territoriales y ambientales, la expansión de megaproyectos, las disputas por el agua y el avance de actividades mineras sobre territorios indígenas.
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