A través de una publicación en Facebook la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales lanzó una pregunta pertinente ¿Es posible consultar una iniciativa de 453 artículos con 16,728 comunidades pertenecientes a 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano en tan solo 37 días?
De esta manera el organismo externó su preocupación por la consulta de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos a realizarse en unos días más.
“La magnitud de este proceso plantea preguntas legítimas: ¿cómo garantizar una participación libre, informada y culturalmente pertinente? ¿Cómo asegurar que la información llegue a las comunidades en sus propias lenguas y variantes lingüísticas?”
La Red de Intérpretes y Promotores Interculturales enfatizó “no queremos que este debate se quede en la incertidumbre. Por ello, pondremos en marcha un círculo de estudios con especialistas para analizar colectivamente la iniciativa y contribuir a una participación verdaderamente informada desde las propias comunidades”.
Por su parte el abogado mixteco Francisco López Bárcenas escribió en La Jornada: “Ha pasado más de la mitad del tiempo que el gobierno propuso para consultar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, sobre un documento de trabajo que contiene una propuesta para elaborar una iniciativa de ley general que reglamente las disposiciones del artículo segundo constitucional, tiempo suficiente para saber de sus modos y posibles resultados”.
“De lo primero ya he dicho en otras ocasiones que no se trata, como mucho se insiste, en la consulta de una iniciativa de ley, sino de una propuesta que podría llegar a serlo, pero también podría ser otra, o no ser ninguna, si la consulta fuera realmente eso; pero según se nota, el verdadero objetivo del proceso al que con ese nombre se denomina, es legitimar una iniciativa de ley acorde con las políticas de bienestar impulsadas por el actual gobierno, pero alejadas de la normatividad que se necesita para atender los problemas que aquejan a los pueblos indígenas por no poder ejercer sus derechos”.
“La propuesta, como también ya lo he dicho en otras ocasiones, tiene problemas tanto en su implementación como en su contenido. En primer lugar, el contexto en que el proceso que llaman consulta se lleva a cabo no es el ideal para hacerlo. Por distintas regiones del país suceden conflictos entre el estado que consulta y los pueblos y comunidades a consultar, lo que vuelve irregular el proceso; en segundo lugar, la convocatoria se sustenta en el derecho internacional, pero se aleja de sus objetivos, pues mientras aquél dispone que debe ser para llegar a acuerdos u obtener el consentimiento, ésta expresa que será para recoger propuestas y sugerencias para mejorar el proyecto”.
“Un tercer problema tiene que ver con la posibilidad de consulta: en 37 días se proponen visitar 16 mil 728 comunidades, 452 por día, lo que requeriría un gran equipo de especialistas con capacidad de explicar un documento técnico con 453 artículos, lo que se antoja muy difícil de lograr”.
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