La 
tarde del 19 de octubre de 2001 Digna Ochoa y Plácido, abogada y defensora de derechos humanos fue encontrada sin vida en su despacho ubicado en la calle de Zacatecas 31 en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Antes de su asesinato, Digna Ochoa había sido víctima de diversas amenazas y secuestros. A 24 años de los hechos y a casi cuatro años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso, la familia de Digna denunció el incumplimiento de la sentencia.
El Estado mexicano únicamente ha cumplido con la emisión de una disculpa pública, mientras que otros resolutivos, como continuar con la investigación del asesinato de Digna Ochoa, han presentado nulos avances desde noviembre de 2021, fecha en que se dictó la sentencia, señaló la abogada Soledad Sánchez, integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
En conferencia de prensa desde las instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social AC (CENCOS), Jesús Ochoa y Plácido, hermano de Digna, hizo un llamada a investigar a funcionarios omisos en la conformación de la averiguación previa: “Pedimos que se investigue precisamente al exfiscal Renato Sales Heredia, que en su momento fue el creador de la hipótesis del suicidio simulado; que también se investigue a la licenciada Margarita Guerra y Tejada, a José Antonio Pérez Bravo, a Bernardo Bátiz y a Miguel Ángel Mancera Espinosa”.
Desde septiembre, Bernardo Bátiz es integrante del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que debería investigar y sancionar las faltas administrativas cometidas por jueces. Además, hoy se dió a conocer que el exfiscal José Antonio Pérez Bravo, también acusado por omisiones y negligencia en el caso de Digna Ochoa, consiguió trabajo en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Pérez Bravo ocupa el segundo cargo más alto en la ponencia de la ministra Sara Irene Herrerías. Desde ahí puede revisar sentencias que cuestionan al Estado mexicano, incluido el caso de la abogada asesinada.
Digna Ochoa llevó la defensa en casos como las masacres de Aguas Blancas (1995), Acteal (1997), El Charco (1998), además defendió a los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, torturados por miembros del Ejército en Guerrero, así como a los hermanos Cerezo Contreras.
Y mientras los funcionarios responsables de graves irregularidades en la investigación del caso Ochoa siguen haciendo carrera, varios compañeros de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESPYCC), que defendió Digna Ochoa, todavía están en la cárcel. Entre ellos los hermanos Rodolfo, Palemón y Gerardo Cabrera González, detenidos por el Ejército entre 2001 y 2005.
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