Desde ese oscuro e inolvidable dos de marzo de 2016, cuando la defensora ambientalista Berta Cáceres fue asesinada en manos de un grupo sicario coordinado por la Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), a pesar del alto nivel de seguridad que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había obligado a proporcionarle. La justicia es una deuda pendiente desde hace 7 años, a pesar de que algunos autores materiales han sido enjuiciados, los responsables intelectuales aún permanecen impunes, incluyendo a la familia Atala Zablah, dueña de la empresa DESA.
En noviembre de 2018, un veredicto histórico condenó a siete hombres por el asesinato de Cáceres. Sin embargo, años después, la justicia hondureña aún no ha confirmado las sentencias y desde 2022 se espera que se confirme la de uno de los principales responsables: David Castillo ex-director ejecutivo de DESA, propiedad de la familia Atala Zablah, quien fue señalado como coautor del crimen. También se busca que Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente del área social, ambiental y de comunicaciones de DESA, Douglas Bustillo, exjefe de seguridad de DESA, también implicados sean sentenciados. Así mismo, Mariano Díaz Chávez, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Edilson Atilio Duarte Meza, todos miembros de un grupo sicarial, quienes fueron implicados en el asesinato de la defensora.
En ese sentido El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), inició este mes de septiembre una campaña para visibilizar el retraso y omisión de las autoridades Hondureñas respecto a las sentencias que tienen pendientes desde hace varios años. Pues señalan que el tiempo transcurrido desde el inicio del proceso ha alcanzado un punto crítico y la demora en resolver el caso está teniendo un impacto significativo en las víctimas y en la búsqueda de justicia.
En un comunicado expresaron que su objetivo es presionar a las autoridades estatales de Honduras para que avance en la búsqueda de justicia por Berta Cáceres y aseguraron que su asesinato es un feminicidio político que resalta la urgente necesidad de justicia para quienes defienden los territorios ancestrales e hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia presidida por Rebeca Ráquel, a que confirme las sentencias ya emitidas.
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