En respuesta a una consulta presentada por México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) opinó que los estados están obligados a prevenir el tráfico ilícito de armas mediante normas internas, supervisión de empresas del sector y cooperación internacional.
El criterio quedó plasmado en la Opinión Consultiva 30/25, cuyos puntos centrales fueron presentados ayer por el presidente del tribunal, Rodrigo Mudrovitsch, en un acto transmitido por Internet.
La opinión se da en un contexto en el que Estados Unidos permanece como la principal fuente de armas utilizadas en delitos en México. El gobierno ha señalado que alrededor de 200 mil armas de origen estadunidense son traficadas cada año hacia territorio nacional.
Al presentar la resolución, el juez Mudrovitsch explicó que el tribunal reformuló la consulta presentada por México para concentrarla en una pregunta central: “¿Cuáles son las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos frente al tráfico ilícito de armas?”.
El tribunal concluyó que los estados tienen un deber de debida diligencia frente a actividades que puedan derivar en el tráfico ilícito de armas. Éste comprende cuatro obligaciones principales: adoptar normas internas adecuadas, supervisar las actividades empresariales vinculadas al sector, garantizar recursos judiciales efectivos para las víctimas y promover la cooperación internacional.
“Resulta fundamental tener en cuenta la notoria incidencia que la amplia disponibilidad de armas tiene sobre los índices de violencia y criminalidad, así como el indiscutible carácter transfronterizo de las actividades relacionadas al tráfico ilícito”, finaliza la Corte IDH.
Cabe señalar que, a diferencia de una sentencia judicial, este tipo de pronunciamiento no es jurídicamente vinculante. Pero sí fortalece los argumentos del país en su estrategia internacional contra el tráfico de armas. El año pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó de forma unánime la demanda de 10 mil millones de dólares que el gobierno mexicano presentó contra ocho importantes fabricantes de armas de fuego, a los que acusó de contribuir a la violencia armada perpetrada por cárteles del narcotráfico.
Tras conocer la postura de la corte interamericana sobre la demanda del gobierno de México contra las empresas fabricantes de armas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “la mayor ayuda que nos pueden dar es evitar que entren las armas” al país. “ No sé si llegaría un tema de acusación formal, como la que se ha hecho a las armadoras, tanto a los fabricantes como a las vendedoras de armas, porque son responsables de venderle a quien trae armas a México de manera ilegal”.
OPINIÓN CONSULTIVA OC-30/25 (Corte IDH, pdf, 95 pág.) | La Corte IDH puede ayudar a evitar entrada de armas a México: Sheinbaum (La Jornada) | Estados deben regular comercialización de armas de fuego para evitar violaciones a derechos humanos: Corte IDH (IMER) | Antecedentes La Minuta Balazos y más balazos: Corte Suprema de Estados Unidos desecha primer juicio del gobierno mexicano contra empresas armamentísticas
