Hoy se dio a conocer que la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó de forma unánime la demanda de 10 mil millones de dólares que el gobierno mexicano presentó contra ocho importantes fabricantes de armas de fuego, a los que acusó de contribuir a la violencia armada perpetrada por cárteles del narcotráfico.
La decisión, redactada por la jueza Elena Kagan, concluye que la demanda mexicana no plantea de manera plausible que las compañías hayan ayudado e instigado directamente la venta ilegal de armas a grupos criminales. El fallo se ampara en una legislación estadunidense que, en términos generales, protege a los fabricantes de responsabilidad cuando sus productos son utilizados en la comisión de delitos.
El caso comenzó en 2021, cuando el gobierno mexicano presentó una demanda de gran envergadura contra algunas de las mayores empresas de armas, incluidas Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su “enérgico desacuerdo” con el dictamen de la Suprema Corte estadunidense y continuará utilizando todos los recursos legales y diplomáticos disponibles para frenar el tráfico ilícito de armas.
El gobierno mexicano tiene una segunda demanda abierta en un tribunal de Arizona, estado que junto a Texas supone una de las principales vías del contrabando de armas a México. Acusa a cinco empresas de negligencia, alteración del orden público y enriquecimiento ilícito.
Según datos oficiales, la violencia vinculada al narcotráfico ha causado la muerte de más de 480.000 personas en México desde que el gobierno desplegó al ejército para combatirlo en 2006. Durante los alegatos, Catherine Stetson, representante del gobierno mexicano, dijo a la Corte Suprema que 600.000 armas estadounidenses son traficadas ilegalmente a México cada año y que algunas empresas están incluso “diseñando ciertas armas” para “el mercado mexicano”, con nombres en español como “El Jefe”.
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