El informe “Travesías Forzadas: Desplazamiento interno en México 2025”, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, documentó que en ese año al menos 15 mil 795 personas se vieron obligadas a abandonar sus localidades de origen en 73 eventos distintos distribuidos en 11 entidades federativas.
La investigación, fundamentada en un monitoreo nacional de medios, identificó que el 83% de los desplazamientos estuvieron relacionados con violencia vinculada a la criminalidad organizada. Sinaloa encabeza la lista con el 39.2% de los casos registrados, seguido por Chihuahua con un 28.4% y Michoacán con el 21.3%, pero la presencia del Desplazamiento Forzado Interno se mantiene en once estados, es decir, en un tercio del país.
Durante la presentación, las investigadoras del PDH IBERO Agnes Jiménez, Suelem Luna y Janette Carrillo alertaron sobre el incremento en el uso de explosivos, drones y minas antipersona, factores que han profundizado los riesgos para las comunidades afectadas y deteriorado las condiciones de vida de las familias, quienes suelen huir de manera imprevista ante amenazas directas o enfrentamientos en sus zonas de residencia”.
En el documento ejemplifican esta situación con lo ocurrido en los municipios de Apatzingán, ella de mayor numero de personas desplazadas a nivel nacional en 2025, y Buenavista, ambos en Michoacan, que durante los primeros cinco meses de este año fueron víctimas de 10 eventos con minas explosivas, en donde siete personas fueron asesinadas y cuatro lesionados.
Explicaron que, a través de este documento buscan aportar evidencia para el diseño de políticas publicas y respuestas institucionales frente al desplazamiento interno en México que afecta derechos fundamentales como la seguridad, la vivienda, la salud y el acceso a medios de vida.
Pese a que se reconoció como un paso positivo la inclusión de una pregunta sobre desplazamiento forzado en la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, el panorama legal sigue siendo insuficiente. El informe subraya la urgencia de establecer una ley general en la materia y la creación de un registro nacional articulado que permita una reparación integral del daño.
La investigación concluye que, sin mecanismos de prevención y atención específicos, el desplazamiento interno continuará degradando la calidad de vida de las comunidades afectadas en los focos rojos de violencia en México.
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