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La Minuta

Empresa Ternium, sospechosa de crimen contra defensores, asesora a gobierno mexicano en revisión del T-MEC

Judith Garza Rangel, una empleada de la empresa siderúrgica Ternium será la encargada de “comandar” el bloque de empresarios que aconsejarán a gobierno mexicano en las negociaciones comerciales para la revisión del tratado de libre comercio T-MEC.

La economista del TEC de Monterrey se desempeñará como coordinadora del “Cuarto de Junto” de negociaciones comerciales internacionales. Este gremio es un grupo de representantes y personas de confianza del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que vigila que las políticas económicas favorezcan sus intereses. Garza Rangel se desempeña desde 2021 como directora senior institucional de Ternium México, una transnacional con sede en Luxemburgo que consiguió millones de dólares en contratos gubernamentales durante el gobierno de López Obrador.

Cabe recordar que en los últimos años, en Michoacán y Jalisco más de media docena de personas defensoras que habían desafiado las minas de Ternium fueron secuestradas, asesinadas o desaparecidas. Familiares de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz responsabilizan a minera Ternium de la desaparición de los defensores en Aquila, Michoacán, crimen cometido hace dos años tras amenazas contra estos dos activistas por parte de directivos de Ternium. Y también en la Sierra de Manantlán, defender el medio ambiente y la tierra contra la minera “se paga con sangre”, advirtieron el año pasado defensores en una gira por varios países europeos para denunciar los impactos de la minería legal e ilegal en Jalisco. Los responsabilidades de las agresiones, desapariciones y asesinatos son ArcelorMittal y Ternium, gigantes de la producción de acero, según la campaña global de 15 ONG agrupadas en la ‘Fair Steel Coalition’ (Coalición por un acero justo).

Sin embargo, Ternium rechazó cualquier asociación directa o indirecta “con casos violentos… o la desaparición de personas”. Las autoridades mexicanas tienen testimonios que indican lo contrario. En el caso de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, un halcón de un grupo del crimen organizado, Javier Puntos, confesó que los dos fueron levantados “porque se andaban poniendo al pedo por las minas”. Por razones poco claras, las autoridades liberaron a Puntos después de su entrevista con la policía. “Fue encontrado muerto poco después”, escribe Max de Haldevang, en su reportaje para el Proyecto de Investigación sobre Corrupción y Crimen Organizado (OCCRP, por sus siglas en inglés).

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