La Dra. Leticia Bonifaz escribe: “De acuerdo a la Conabio nuestro país ocupa el cuarto lugar de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Pero también es el cuarto país de mayor inversión minera en el planeta. Esto genera una serie de conflicto laborales, que son graves, y también conflictos socio ambientales, más graves aún”. Los procesos legislativos, las pretensiones de los inversionistas y el otorgamiento de títulos de concesión minera en México se han dado, por decirlo de forma prudente, en medio de una gran opacidad, como en obscuros túneles similares a aquellos pasadizos subterráneos que se construyeron durante la Colonia para extraer la riqueza del subsuelo mexicano. El presente número de El Topil tiene como objetivo profundizar en la discusión sobre las trampas de la legislación minera, la actuación de las empresas e inversionistas externos y el papel de las autoridades mexicanas en la explotación de minerales. El común denominador es la opacidad. Neftalí Reyes afirma: “No pueden seguir desarrollándose proyectos de esta envergadura, donde la vida, los bienes comunes, el tejido social y los derechos de los pueblos están en peligro, es necesario modificar el marco jurídico, político e ideológico que está sustentando dicha actividad económica”. En este número también contamos con las reflexiones de Claudia Gómez Godoy, Aleida Azamar Alonso y Sergio Uribe Sierra. Publicamos la declaratoria del Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones “Sí a la Vida, No a la Minería”, realizado en Magdalena Teitipac el pasado mes de febrero. Con estas reflexiones y debates queremos echar un poco de luz a esos obscuros túneles de opacidad, corrupción e impunidad que hacen posible que, en México, la minería sea una suerte de despojo legalizado.
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