En 2015, las autoridades comunales de Totontepec Villa de Morelos, en la sierra mixe de Oaxaca, firmaron un acuerdo con Mars Incorporated, la trasnacional dueña de Snickers, M&M y Pedigree. El acuerdo permitió a la empresa extraer y estudiar comercialmente el maíz olotón, una variedad nativa capaz de fijar su propio nitrógeno del aire. La prensa lo bautizó “el maíz del futuro”: prometía reducir el uso de fertilizantes en un mercado que mueve cientos de miles de millones de dólares. Cuando se filtró el contenido del contrato, el reparto habló por sí solo. Mars se quedaba con el 99% de las posibles ganancias. A Totontepec le tocaba el 1%.
Pero el problema más hondo no estuvo en el reparto. Estuvo en quién tuvo la facultad de firmar. Investigadores y organizaciones campesinas de Oaxaca lo señalaron de inmediato: el olotón no lo desarrolló la gente de ese poblado. Lo desarrollaron, durante generaciones, los pueblos de toda la sierra mixe, trece municipios que siembran, seleccionan y cuidan esa semilla desde mucho antes de que existieran las patentes. Totontepec firmó por un saber que no era solo suyo. Y ahí aparece la pregunta que la ley no ha sabido responder ni con las mejores intenciones: cuando el conocimiento pertenece a un pueblo entero, o a varios pueblos a la vez, ¿quién tiene la autoridad para autorizar su uso? ¿Cómo se da, en nombre de todos, un consentimiento que ningún individuo posee por separado?
Con la llegada de la inteligencia artificial, esa pregunta dejó de ser hipotética. En entregas anteriores quedamos con el pendiente: cuando un algoritmo procesa nuestra lengua, nuestros diseños, nuestros saberes medicinales, ¿quién puede otorgar el consentimiento? El marco jurídico vigente —y aquí conviene nombrarlo: el sistema de propiedad intelectual hegemónico— responde apelando al individuo y a su clic en “acepto”. Pero un diseño textil, una fonética o el conocimiento sobre una planta no le pertenecen a la persona que los porta en un momento dado. La tejedora que borda un huipil no firma una obra propia: reinterpreta símbolos que atraviesan generaciones de manos. Cuando Carolina Herrera copió bordados de Tenango de Doria y del Istmo en 2019, o cuando Zara hizo lo mismo con diseños de la comunidad mixteca de San Juan Colorado en 2021, el agravio no recayó sobre una autora. Recayó sobre una colectividad que el derecho de autor no sabe nombrar.
Y esta lógica ya ni siquiera necesita una casa de moda con diseñadores copiando a conciencia. Un generador de imágenes de IA produce “textil oaxaqueño” o “diseño zapoteco” a partir de miles de fotografías raspadas de internet, sin que nadie copie un patrón en particular. Se ha documentado que las primeras versiones de Midjourney, al pedírsele representar “indígenas australianos”, devolvían una amalgama genérica de rasgos de tribus africanas: un “buen salvaje” fabricado por el algoritmo. El resultado no es la copia de un huipil de San Antonino o de un bordado de Tlahuitoltepec; es una versión aplanada de “lo indígena” que ninguna comunidad reconocería como suya. Para un conocimiento que solo vive cuando se reinterpreta en su propio contexto, esa generalización no es homenaje ni apropiación: es la traición más honda a su naturaleza viva. Leer todo el texto en el primer enlace.
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