El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acusó a la fiscalía de Jalisco de no haber realizado las mínimas diligencias y la investigación correspondiente tras el hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, pero especialistas y organizaciones coinciden en que la dependencia federal también tenía facultades de atracción del caso que omitió ejercer.
Sumado a ello, cuestionaron que aunque la Fiscalía tiene conocimiento desde hace al menos semana y media de la existencia del rancho y de la carpeta de investigación iniciada en la dependencia local, la atracción del caso sigue sin formalizarse. Durante la conferencia de prensa del miércoles, Gertz Manero reconoció que aún no cuenta con ningún dato concluyente, dado que sigue sin tener acceso a los expedientes y a la totalidad de la carpeta.
“La conferencia que dio el fiscal Gertz Manero se enfocó específicamente en denostar el trabajo de la fiscalía local, que sin duda las negligencias que se narraron son sumamente graves. Sin embargo, de la Fiscalía General de la República todos esperábamos que ya estuviera dando cuenta de información sobre la investigación que ellos ya tendrían que estar haciendo”, señaló César Contreras, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh). La organización consideró sumamente grave que aún no se confirme la atracción de la investigación, por lo que debería resolverse lo más pronto posible.
“La Fiscalía General de la República, a partir del momento en que tenemos indicios suficientes para establecer delitos de carácter federal nos vamos a hacer responsables de esta investigación y de todos sus resultados. A partir del momento en que nosotros iniciemos ese procedimiento, lo primero que vamos a hacer son las diligencias”, refirió el fiscal luego de afirmar que su obligación es recibir todas las pruebas, hacerlas públicas y establecer las premisas y presunciones de los delitos federales que van a investigarse.
No obstante, la primera autoridad federal que tuvo conocimiento de la existencia del Rancho Izaguirre fue la Guardia Nacional (GN), a partir de una llamada anónima recibida en el C5 en la que se presumía que ahí existía un campo de reclutamiento y exterminio. Al llegar ahí –describió el propio fiscal–, fueron recibidos con armas de fuego y hubo un intercambio, tras lo cual tomaron el lugar, detuvieron a 10 personas hoy procesadas y encontraron otras dos con vida, que estaban privadas de la libertad, y una más que ya había fallecido.
Una vez ocurrido esto, la Guardia Nacional le entregó toda la información al ministerio público local. “La operación que se hizo en septiembre del año pasado la hizo la Guardia Nacional; por ser delitos del orden común los que encontró, le dio participación a la fiscalía del estado, que hizo todo un procedimiento en el que procesó a los 10 que están en la cárcel, no tuvo nada que ver el orden federal en eso, ni siquiera estábamos notificados”, justificó el fiscal general.
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