En medio de las manifestaciones por el caso de personas desaparecidas en Teuchitlán, el lunes pasado la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un plan de acción con seis medidas “inmediatas”, entre ellas el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y equiparar el delito de desaparición al de secuestro.
En respuesta, colectivos de búsqueda, familiares de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos enviaron una carta a la presidenta para manifestar su preocupación por las seis acciones que anunció el pasado 17 de marzo para atender la crisis de desaparición, pues aseguran que su propuesta “refleja un desconocimiento de los mecanismos y procedimientos institucionales que ya existen en el país en materia de búsqueda e investigación”, además de que no contemplan la participación de las familias y colectivos.
Punto por punto, los colectivos criticaron en la misiva cada una de las acciones propuestas por Sheinbaum para hacer frente a la crisis de desapariciones en México. Por ejemplo, en respuesta a la medida de incorporar nuevos protocolos a Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, señalaron que “el problema de las desapariciones y de las faltas en la búsqueda e investigación no deviene de la ausencia de leyes y protocolos, sino de la falta de voluntad política para romper los pactos de impunidad que persisten en el país”.
“Son los operadores del sistema, los Ministerio Públicos, Fiscalías, el primer obstáculo para iniciar las búsquedas”, reiteran. La Ley General ya contempla que la búsqueda debe de ser inmediata, incluso pone como plazo máximo las 72 horas para que, en los casos en los que no se tengan indicios de la comisión de un delito, el Ministerio Público inicie las investigaciones.
Asimismo, las familias rechazaron “enérgicamente la propuesta” de equiparar el delito de desaparición al de secuestro, pues remarcaron que una de sus “luchas más grandes” fue que se estableciera en la Ley General el delito de desaparición forzada. “La búsqueda de nuestros familiares responde a dinámicas distintas al delito de secuestro, hacer esta propuesta es una clara muestra de no entender las dinámicas criminales, así como un claro retroceso en cuanto a su investigación”, reiteran. “Nos preocupa que la desaparición quede invisibilizada, y sus víctimas atendidas de manera incorrecta”, puntualizaron los colectivos en su pronunciamiento conjunto.
A David Peña, abogado e integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos, también le preocupa que las personas que asesoran a la presidenta “tengan un profundo desconocimiento en el tema” y sean “ignorantes” de la problemática. Peña, en entrevista con Momentum, reiteró: Ojala que, en las próximas semanas, la presidenta “se acerque a los colectivos y a las personas que tienen experiencia”. Cabe señalar que en 2024 se presentó la cifra más alta de personas desaparecidas, unas 31 mil 83, informó la IBERO hoy.
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