Este 23 de enero de 2026, familias desplazadas de la comunidad Guadalupe Victoria del municipio de San Juan Juquila Mixe, acusaron al gobierno del Estado de Oaxaca de simular un “retorno seguro” a su comunidad de origen, el cuál fue anunciado por el gobierno de Salomon Jara Cruz “como un plan detallado y con garantías suficientes”el pasado 04 de noviembre de 2025 en un evento realizado en la explanada del municipio de Juquila Mixe, ante la presencia de las 64 familias y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
A través de una conferencia las y los desplazados señalaron “hacemos del conocimiento publico y de las autoridades competentes, el estado de indefención y abuso sistemático a nuestros derechos humanos del que hemos sido víctimas derivadas de omisiones y actuaciones indebidas de diversas autoridades estatales y federales quienes han vulnerado nuestra buena fe y nuestro legitimo y ferviente deseo de retornar de manera pacifica y segura a nuestra comunidad de origen”
Contrario a lo afirmado por el mandatario, las personas desplazadas desde hace 9 años, aseguran que no han recibido vivienda digna, ni apoyos económicos, ni condiciones mínimas para reconstruir su vida, pese a las promesas realizadas por el gobierno estatal desde hace meses. “Todo quedó en discursos y fotografías, pero en los hechos seguimos abandonados”, denunciaron, al señalar que continúan viviendo en condiciones precarias, sin certeza jurídica, sin servicios básicos y sin una ruta clara para el retorno seguro o la reubicación definitiva.
Sobre el desplazamiento forzado que viven al menos desde el 2017 por un conflicto agrario con San Pedro Ocotepec explicaron que “El coordinador de los delegados de paz, Donato Vargas, fue el encargado de los planes técnica y logística, siendo responsable de dejar mal el gobierno del estado por la falta de pericia necesaria para sacar acuerdos sólidos e inquebrantables entre ambas comunidades para un retorno garantizado en todos los sentidos”
Externaron que aunque se aseguró que la asamblea general de Guadalupe Victoria había autorizado el retorno de las familias y que existían acuerdos firmes para garantizar un retorno exitoso, esto “nunca se materializó evidenciando la nula disposición del grupo disidente para construir acuerdos reales y eficaces”.
En noviembre pasado, el mandatario informó que “en marzo de 2023 inició el proceso de diálogo, realizando más de 60 encuentros con autoridades y víctimas, para alcanzar acuerdos como su retorno o reubicación”, como parte de «un proceso de construcción de paz y retorno asistido, digno y seguro para las familias”.
Dicho evento se anunció como el “primer gran retorno” de personas desplazadas dentro del Estado de Oaxaca, el cuál coincidió con la aprobación en el Congreso local de la Ley para prevenir, atender y reparar el desplazamiento forzado interno, que por primera vez tipifica este delito en Oaxaca con penas de hasta 24 años de cárcel. Sin embargo las familias de Guadalupe Victoria siguen en esperar de que este hecho no solo sea simulación sino que pronto puedan retornar a sus hogares.
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