La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) abrió siete expedientes y una remisión con relación a los hechos de violencia registrados durante la marcha del 15 de noviembre en el Zócalo, convocada por la Generación Z.
Informó que los expedientes se iniciaron en relación con 19 personas, “para documentar actos constitutivos de posibles violaciones a derechos humanos en las detenciones, daños a la integridad personal y falta de atención médica”.
A través de un comunicado, la CDHCM instó a que se dé “seguimiento a las investigaciones iniciadas hasta el pleno esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades, garantizando el debido proceso de las personas detenidas”.
“Frente a actos de violencia y escenarios complejos de colisión de derechos como los registrados en esta manifestación, las autoridades deben actuar de conformidad con el principio de diferenciación de participantes con comportamientos violentos, buscando garantizar la dignidad de todas las personas”, indicó.
La comisión informó que durante la manifestación desplegó a 18 personas visitadoras durante la movilización y posteriormente se acompañó en las Coordinaciones Territoriales a las que fueron trasladadas personas detenidas con el fin de acompañar el proceso de certificación y designación de defensa.
El boletín posiciona a la CDHCM en un contexto en el que el gobierno local, a cargo de la morenista, Clara Brugada, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantienen investigaciones sobre los hechos, tras reconocer que hubo confrontaciones en las que 100 elementos de seguridad resultaron heridos y solo 20 ciudadanos presentaron “heridas menores”, a pesar de que en redes sociales y medios de comunicación abundaron grabaciones en las que se puede apreciar al cuerpo policial agrediendo a ciudadanos de todas las edades, incluso contra algunos que no participaron en las protestas.
En ese sentido, el organismo hizo un llamado a ambas autoridades a dar seguimiento a esas indagatorias “hasta el pleno esclarecimiento” y a garantizar el debido proceso de las personas detenidas.
El organismo también se pronunció sobre la necesidad de que la protesta se ejerza de manera pacífica e informó que mantiene disposición para sostener acercamientos con actores civiles y autoridades para revisar la actuación institucional y la implementación de los protocolos aplicables durante manifestaciones públicas.
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