Organizaciones como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) condenaron la “brutalidad policiaca” durante la manifestación de la Generación Z en Guadalajara, Jalisco. Las organizaciones de derechos humanos señalaron que se trató de detenciones arbitrarias, por lo que exigieron la inmediata liberación de los 40 detenidos el sábado pasado.
Sin embargo, el juez de control y oralidad del primer distrito judicial con sede en el complejo carcelario de Puente Grande, decretó legales las detenciones de 40 adultos llevadas cabo el 15 de noviembre en el centro de Guadalajara por policías estatales y municipales, luego de la marcha se saldó con una serie de destrozos durante tres horas que encapuchados causaron en el palacio de gobierno.
Sin embargo, varios familiares afirman que las detenciones fueron indiscriminadas, porque a quienes los policías consideraban sospechoso lo atrapaban y lo llevaban al interior de palacio de gobierno, donde “les pusieron otra madriza aparte de las que les dieron cuando los detuvieron”. El Frente Feminista de Jalisco afirma que la detenida Cecilia Arredondo “es inocente, solo iba pasando por el lugar”. Arredondo es una de cinco mujeres detenidas. Esta represión “forma parte de un patrón sistemático de violencia estatal contra la protesta social”, afirma el Frente.
Un caso emblemático es el de Angel Yael Andrade Hernández, un hombre que transitaba por el lugar junto a su esposa y su hija de menos de dos años, cuando los policías comenzaron a realizar las detenciones. “Mi marido se quitó la playera para taparle la cara a mi niña de los gases que arrojaban, y llegó la policía y se lo llevaron dizque porque tenían vídeos de que nosotros veníamos con ellos”, dijo entre lágrimas Ana Karen Grande, luego que se llevaron a su pareja.
En el Congreso de Jalisco, durante la glosa del primer Informe del gobernador Pablo Lemus, emanado del partido Movimiento Ciudadano (MC), el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, reconoció que dos elementos son investigados por presuntos excesos durante las capturas, que incluyeron agresiones a periodistas. Por su parte, también el cardenal Francisco Robles Ortega sentencio que el gobierno estatal falló para detener la violencia y detectar a personas infiltradas durante la manifestación.
