Lamentamos que autoridades promuevan leyes que privatizan bienes comunes y simulen participación ciudadana.
Autoridades fabrican delitos contra cuatro defensores comunitarios.
Defensores registran aumento de presencia del Ejército.
El día 06 de marzo de 2015, nos reunimos movimientos, organizaciones y comunidades de las regiones de Valles Centrales, Costa e Istmo de Tehuantepec, articulados en la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca (REDECOM) para analizar el contexto social y político del estado de Oaxaca, en dicha reunión llegamos a las siguientes conclusiones:
Enero y febrero de 2015 se han traducido para pueblos y comunidades del estado de Oaxaca en una serie de violaciones a sus derechos fundamentales, marcadas principalmente por la imposición de mega proyectos, el uso de recursos públicos para presionar a las comunidades, presencia policiaca y militar en diversas regiones, así como una serie de amenazas, intimidaciones y agresiones hacia defensoras y defensores comunitarios, principalmente de derechos territoriales, quienes legítimamente y por las vías legales y pacíficas hemos demostrado la inviabilidad de los mismos.
Pese al rechazo generalizado hacia las reformas estructurales, las cuales fueron aprobadas sin la participación de la ciudadanía, las autoridades continúan promoviendo leyes con una marcada tendencia hacia la privatización de nuestros bienes comunes, tal es el caso de la Iniciativa de Ley General de Aguas, la cual recoge algunos conceptos y criterios reconocidos internacionalmente, pero en la práctica establece notoriamente una limitación de dicho bien, en beneficio de las empresas bajo la causa de “utilidad pública”. Esta misma simulación se reproduce en torno a la consulta indígena en Juchitán, donde se está implementando una consulta a modo, confabulada por instituciones federales, estatales, municipales, empresas y líderes locales para afectar el territorio de las comunidades indígenas zapotecas del Istmo de Tehuantepec.
Ante este contexto la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca, denunciamos que existe una política de criminalización por parte de los tres niveles de gobierno hacia nuestro trabajo, tal es el caso de la fabricación de delitos hacia Carlos Beas Torres, Teófilo García Sarabia y Andrés Pérez Hernández, integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (UCIZONI) y Pedro S. Concha integrante de la Coordinadora para la Defensa de los Recursos Naturales del Valle de Tlacolula.
De igual forma, durante enero y febrero de 2015, se reactivó la presencia del ejército, la marina, así como policía estatal en las regiones de la Costa e Istmo de Tehuantepec. Consideramos que estos hechos representan actos intimidatorios hacia nuestras comunidades, toda vez que suceden en los territorios de afectación del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, así como los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec.
Responsabilizamos a las instancias encargadas de brindar protección y garantías de trabajo hacia defensoras y defensores en el estado de Oaxaca, por la integridad física y psicológica de defensoras y defensores del Istmo de Tehuantepec, Costa, Mixteca y Valles Centrales.
Reafirmamos que la Defensa de Derechos es un ejercicio y derecho fundamental, condición mínima de todo estado democrático, en consecuencia, condenamos que en México se perpetren encarcelamientos, hostigamientos, torturas, amenazas, represiones y ejecuciones hacia las personas y organizaciones que realizamos esta labor.
¡Presentación con vida de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, respaldamos el trabajo ejemplar de UCIZONI en el Istmo de Tehuantepec, libertad para las y los defensores encarcelados injustamente en el país!
“Defendiendo Derechos, Sembramos Futuro”
Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca
Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
10 de marzo de 2015.
