El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas —considerado territorio ancestral zoque y bioregión con la mayor diversidad biológica y generadora de los mayores servicios ecosistémicos de México y Mesoamérica— propone al gobierno mexicano realizar un “Debate público” previo a la consulta de la Ley Indígena.
Sus representantes, Luis Bustamante y Miguel Ángel García Aguirre, señalan que es urgente e importante realizar este debate público como un acto democrático y de buena fe, donde participen expertos y especialistas, quienes lo aprueban y quienes lo rechazan, señalando que se trata de una trampa para entregar los últimos recursos naturales que tienen los territorios indígenas.
Lo que aseguran es que el objetivo del debate es obtener un instrumento jurídico ejemplar, para entonces sí, someterlo a un paciente proceso de información previa y libre entre los pueblos y comunidades.
Asimismo proponen que el debate, por su importancia y trascendencia, se realice con sede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Senado de la República.
Y es que el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), comenzó en julio y hasta el 31 de agosto un recorrido exprés de validación institucional denominado burocráticamente “Jornada Nacional de Entrega de Información del Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada sobre la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”.
Datos oficiales señalan que durante esta jornada, brigadas del INPI visitan 16,728 Comunidades Indígenas y Afromexicanas para entregar cuadernillos explicativos y convocatorias, promoviendo —en papel— que las asambleas cuenten con información suficiente. Sin embargo, en la práctica, las comunidades denuncian que este proceso incumple de fondo los estándares internacionales del Convenio 169 de la OIT sobre una consulta profunda y carente de coerción institucional.
Como Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas reconocen que la mitad del país es territorio comunal o agrario, concentrado principalmente en Oaxaca y Chiapas, seguido de Yucatán. Estos tres territorios están bajo la amenaza constante de megaproyectos extractivos e inmobiliarios que han extinguido gran parte de los bosques, aumentando la deforestación de por lo menos 200 mil hectáreas por año, y dejando un 50% del territorio nacional altamente erosionado.
Bustamante y Aguirre recalcan que no solo se trata de reformar la Ley Indígena ni de alzar la mano para votar por un trámite administrativo; se requiere una Ley Indígena que verdaderamente garantice y haga justiciables los derechos fundamentales relativos a la Autodeterminación, a la Tierra y al Territorio, a la Consulta y, sobre todo, al Consentimiento Libre, Previo e Informado y al Derecho al No Consentimiento.
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