En Yucatán operan oficialmente alrededor de 500 a 870 granjas porcícolas, con un importante porcentaje concentrado en la Península. El 45% de ellas se ubican en zonas de reserva geohidrológica como el Anillo de Cenotes. Su rápida expansión y el impacto ambiental en las diversas comunidades han provocado diversas formas de organización, lucha y resistencia de pueblso mayas ante estas megagranjas.
Tras diversos años en la defensa de sus terriotrios, tanto de manera directa como legal, este 27 de mayo de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reslviónel asunto de las granjas porcícolas de Yucatán a favor de las comunidades mayas y determninó que las personas que viven cerca de proyectos con posibles afectaciones ambientales, sí cuentan con interés legítimo para promover un juicio de amparo.
El pleno de la SCJN discutió el amparo 451/2025 promovido por las comunidades mayas de Sitilpech, Kinchil y Chapab, quienes impugnaron la Norma Técnica Ambiental que regula las granjas porcícolas en Yucatán, al considerar que no toma en cuenta las voces de las personas que habitan en las inmediaciones de estos espacios al no realizar una consulta previa.
En un comunicado la organización Kanan Derechos Humanos A.C. acompañante legal del caso, detalló que la Norma NTA-001-SDS-22 sobre granjas porcícolas fue publicado el 23 de diciembre de 2022, por la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán, sin tomar en cuenta la voz las comunidades ni obtener el consentimiento de los pueblos mayas afectados por la industria. Dicha norma regula las granjas porcícolas en Yucatán define la localización, construcción, operación y abandono de granjas porcinas y también las medidas para controlar y prevenir las alteraciones negativas, ocasionadas por las actividades productivas, pero fue diseñada sin las comunidades.
La ministra Yasmin Esquivel, encargada de exponer el amparo, reconoció que las megagranjas sí tienen efectos en las comunidades cercanas y la aplicación de esta Norma Técnica, al autorizar nuevos centros de producción porcícola, regular la operación o desmantelamiento de los ya existentes, incide directamente en los pueblos donde se localizan.
El fallo reconoce que las comunidades pueden acudir a tribunales antes de que el daño ambiental sea irreversible o incluso consumado, sino desde que comienza los cuestionamientos sobre sus impactos, y la resolución, entonces, podría ser aplicable en casos como mega granjas, desarrollos inmobiliarios, parques industriales, proyectos energéticos o cualquier actividad con impacto relevante.
Finalmente Ganan Derechos Humanos señaló que ahora el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán deberá regularizar el proceso y emitir una nueva sentencia que reconozca el interés legítimo de los habitantes de Chapab y Kinchil para impugnar dicha norma.
Comunicado Kanan Derechos Humanos La Suprema Corte de Justicia de la Nación marca un precedente histórico para los derechos de las comunidades mayas en Yucatán | La Jonada Maya SCJN respalda a comunidades mayas de Yucatán frente a granjas porcícolas
