20 personas buscadoras de desparecidos han sido asesinadas desde 2010, 15 de ellas durante el actual sexenio, tan solo en lo que va del 2024 dos personas buscadoras han sido asesinadas y una ha sido desaparecida (Lorenza Cano). Ante estas graves cifras exigieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el gobierno las reconozca como defensoras de derechos humanos para así obtener mayor protección.
Durante una audiencia pública enfrente de la CIDH, familiares y colectivos de búsqueda denunciaron que todos los casos de personas buscadoras asesinadas están en total impunidad y advirtieron que ninguno de los mecanismos están garantizando realmente la seguridad de los familiares de personas ausentes, a su vez exigieron que el Estado Mexicano reconozca que los riesgos que enfrentan están asociados a su labor de búsqueda.
La buscadora Bibiana Mendoza aseguró que el gobierno les ha negado protección, al tiempo que denunció que en algunos casos son las propias autoridades quienes les agreden, y denunció que el censo de desaparecidos que implementó que Gobierno Federal es violatorio de las leyes y protocolos en la materia, ya que dicho ejercicio ha sido cuestionado por organizaciones y familiares.
Ante los cuestionamientos, el Gobierno Mexicano argumentó que ha implementado medidas de protección y sostuvo que personas buscadoras han sido incorporadas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Sin embargo, no aclaró si son consideradas como defensoras de derechos humanos, pese a los cuestionamientos de la CIDH.
Asimismo exigen que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de a conocer cuántos buscadores han solicitado medidas de protección, cuántas han sido otorgadas y cuántas han sido rechazadas.
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