A través de un comunicado conjunto el Consejo Nacional Indígena CNI, denunció “con profundo dolor y rabia”, que el pasado 31 de octubre de 2025, autoridades e integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria – Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) y del Consejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) fueron atacados con armas de fuego por el grupo criminal Los Ardillos, al dirigirse a una asamblea en Ayahualtempa, Guerrero.
En el ataque armado, que se prolongó alrededor de 10 horas, fueron asesinados tres policías comunitarios del sistema de los Pueblos Fundadores, integrantes del CIPOG-EZ y de la CRAC-PC-PF, uno de ellos el hijo del comisario de Amatitlán y siente más se encuentran heridos de gravedad. Las comunidades del CIPOG-EZ han denunciado reiteradamente que estos grupos criminales operan bajo la protección y complicidad de autoridades estatales y federales.
En el comunicado señalan que el ataque fue dirigido en contra de Jesus Placido Galindo integrante de la Comisión de Coordinación y Seguimiento, quién recibió múltiples impactos de bala, de los cuales resultó ileso.
Cabe recalcar que, las comunidades indígenas organizadas en el CIPOG-EZ, “enfrentan desde hace años una ofensiva sistemática de violencia narco-paramilitar. En lo que va de la última década se contabilizan la dolorosa cifra de 66 integrantes asesinados y 23 compañeros más desaparecidos, víctimas de la violencia extrema ejercida por los grupos criminales… Esta violencia busca imponer el despojo territorial y castigar la digna lucha del CIPOG-EZ por la vida, la autonomía y la justicia, frente a un sistema capitalista que ha sembrado miseria, explotación y violencia en sus comunidades” afirma el CNI.
Asimismo señalan que tanto los gobiernos municipales y la gobernadora del estado “guardan nexos directos con los líderes criminales, como el gobierno federal” su omisión les convierte en responsables de estos asesinatos y la violencia latente en estos pueblos indígenas de la montaña de guerrero, “Son sus instituciones de seguridad y justicia, quienes protegen a los grupos criminales e impiden el ejercicio de la autonomía indígena” afirman.
Por ultimo exigieron castigo para los responsables materiales e intelectuales de las agresiones y del asesinato de los tres policías comunitarias de Ayahualtempa, así como por los otros 63 integrantes del CIPOG-EZ asesinados, por los 23 desaparecidos y por los cientos de heridos y desplazados, por las viudas y los huérfanos víctimas de esta guerra.
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