En una sentencia histórica, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz le concedió el amparo federal para que las autoridades competentes realicen las acciones necesarias de protección de la zona arqueológica El Castillo de Moctezuma, ubicada en Tuxtepec, Oaxaca.
El litigio a petición del Centro para el Desarrollo Social y Cultural Chinanteco Tsa Ju Jmi, encabezado por Reyna Felipe Jiménez, fue diseñado, promovido y acompañado por Litigio Estratégico Indígena A.C., con la participación y respaldo del Colegio de Abogados de Tuxtepec y de Abogados por la Paz y la Justicia A.C.
De acuerdo con la resolución judicial, las autoridades responsables “deberán realizar los actos necesarios para atender la solicitud relacionada con la emisión de la declaratoria de zona arqueológica de El Castillo de Moctezuma, a fin de garantizar su protección y conservación”, escribe Litigio Estratégico Indígena.
Reyna Felipe acudió a los tribunales al considerar que la omisión de las autoridades vulneraban el derecho de las comunidades indígenas a preservar y disfrutar de su patrimonio cultural. El juicio argumentó que la protección de los vestigios arqueológicos no sólo constituye una obligación del Estado mexicano en materia de conservación histórica, sino también una medida indispensable para salvaguardar la identidad y la memoria de los pueblos originarios.
El Castillo de Moctezuma es considerado uno de los principales vestigios arqueológicos de Tuxtepec y de la Cuenca del Papaloapan. Pese a su relevancia histórica y cultural, durante años ha carecido de una declaratoria específica que establezca mecanismos integrales de protección, conservación y manejo. Las Ruinas del Castillo en Tuxtepec, Oaxaca, son los vestigios del antiguo Palacio de Moctezuma, un centro ceremonial fundado por Moctezuma I en 1455 para supervisar el cobro de tributos a la Chinantla.
En palabras de Litigio Estratégico Indígena, esta resolución adquiere relevancia “en un momento en que comunidades indígenas de distintas regiones del país han recurrido a los tribunales para exigir la protección de sitios arqueológicos, lugares sagrados y bienes culturales vinculados a su historia colectiva”. Por lo que el amparo ganado representa “un precedente en favor de una mayor participación de los pueblos indígenas en la defensa y preservación del patrimonio cultural”.
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