“A dos días del décimo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, sólo se mantiene la ausencia de certeza sobre su destino entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014”, escribe Magdalena Gómez en su columna de opinión de hoy en La Jornada.
Magdalena Gómez recuerda que en este sexenio se creó la Comisión de la Verdad y la Justicia (Covaj), se aceptó el retorno del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se nombró un fiscal especial con conocimiento del caso, el cual recuperó evidencia de registro de intervenciones telefónicas, donde delincuentes de la región de Iguala hablan de corrupción a elementos militares.
Luego, la Covaj presentó un informe hablando de crimen de Estado, el GIEI en otro denunció que el Ejército tiene retenidos 800 folios claves. En julio de 2023 el GIEI sale del país, en noviembre de ese año renuncia Encinas y quien era el fiscal está en Estados Unidos y enfrenta acá acusaciones penales.
Después, el Presidente de la República se hizo cargo de la investigación, sin facultades ministeriales, y entregó un informe en el que exculpa al Ejército. En el camino se ha tratado de dividir a los familiares.
Cabe señalar que a una década de los crímenes de lesa humanidad, con 43 detenidos-desaparecidos y 6 ejecuciones extrajudiciales en la noche de Iguala, hay personas detenidas, sin embargo no hay ni una sola sentencia.
“En dos días se verá la fuerza de la marcha por el décimo aniversario”, cierra Magdalena Gómez su reflexión. La marcha sale el jueves 26 de septiembre a las 16 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo de la capital del país.
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