“Todo apunta hasta hoy a que fue ejecución: ni drogado ni alcoholizado ni con residuos de pólvora por haber disparado un arma de fuego”, alerta Julio Hernández López en su columna El Astillero sobre el asesinato de un tiro en la cabeza del estudiante normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta por policías de Guerrero el jueves pasado en Chilpancingo, Guerrero.
Según testimonios, los mismos policías habrían alterado la escena del crimen y sembrado droga, armas y bebidas alcohólicas en el auto del cual se había bajado otro alumno de Ayotzinapa a comprar cigarros, sin “enfrentamiento” alguno a balazos.
No fue un “hecho fortuito”, como en un primer comunicado dijeron las autoridades estatales, sino una ejecución extrajudicial que en Guerrero ya apuntaron como posible homicidio calificado con agravantes y ahora la fiscalía federal ha atraído para, es de suponerse, hacer justicia.
Durante el entierro, Lilia Vianey Gómez, madre de Yanqui Kothan Gómez Peralta, estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, exigió justicia al gobierno de Guerrero, encabezado por la morenista Evelyn Salgado Pineda, y advirtió que luchará para lograr que no quede impune el crimen contra su hijo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy: “Lamento mucho lo que pasó en Chilpancingo (…) no se va a fabricar nada para proteger a los responsables”. Reiteró que “hubo un abuso de autoridad”.
Cabe señalar que en el código penal la ejecución extrajudicial no figura como delito, solo el homicidio doloso con agravantes que se castiga hasta con 60 años de cárcel. Sin embargo, la ejecución extrajudicial, como la tortura y la desaparición forzada, forma parte de los delitos conocidos como crímenes de lesa humanidad, que como los crímenes de guerra no prescriben.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos elaboró en 1991 el llamado Protocolo de Minnesota para investigar crímenes de lesa humanidad en los que se hubieran cometido ejecuciones ilegales, con el fin de evitar que los funcionarios del Estado sospechado de haber cometido crímenes de lesa humanidad puedan actuar o influir en la investigación.
Cabe recordar que en la noche del 26 de septiembre de 2014 no solo fueron desaparecidos 43 normalistas, también fueron ejecutados 6 personas, entre ellas el normalista Julio Cesar Mondragón. Hasta hoy no hay ninguna sentencia para estos crímenes y el caso de Julio Cesar Mondragón se encuentra en etapa de admisibilidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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