Las organizaciones Agua para Todos y la Contraloría Nacional Autónoma del Agua denunciaron que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) entregó a la Cámara de Diputados un dictamen legislativo sobre su propia iniciativa de reformas en materia hídrica, acción que calificaron como violatoria de la competencia del Poder Legislativo y contraria al mandato constitucional de construir una Ley General de Aguas con participación ciudadana y gubernamental.
De acuerdo con ambas organizaciones, la propuesta presentada por Conagua “perpetúa la ley salinista” con cambios mínimos, pese a que la Ley de Aguas Nacionales (LAN) debe ser reemplazada conforme a lo establecido por la Constitución, garantizando el derecho humano al agua bajo criterios de acceso equitativo, sustentabilidad y gobernanza democrática.
Las organizaciones señalaron que el dictamen fue elaborado y dictaminado por la propia Conagua, sin integrar los planteamientos surgidos en los Parlamentos Abiertos Ciudadanos ni en las Audiencias Públicas organizadas por la Comisión de Recursos Hidráulicos. Entre los puntos más críticos expuestos, destacan:
Privatización encubierta: El dictamen incorpora un capítulo que “promueve y fomenta” la participación de capital privado en obras hidráulicas, y permite la privatización de sistemas de agua y saneamiento, pese a los resultados negativos documentados en entidades como Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Saltillo.
Discrecionalidad en el cobro de derechos: Mantiene condiciones que permiten a los grandes usuarios industriales y de servicios pagar derechos solo sobre el 20% del volumen concesionado, al tiempo que pequeños agricultores han sido sancionados con extinción de concesiones por no utilizar volúmenes durante dos años.
Consejos de Cuenca sin representación ciudadana real: Preserva figuras dominadas por grandes concesionarios, sin dar voz a pueblos indígenas, comunidades afectadas por contaminación, productores agropecuarios familiares o especialistas independientes.
Ausencia de reconocimiento a derechos indígenas: No se incorpora el derecho de los pueblos originarios a gestionar el agua en sus territorios conforme a sus sistemas normativos, pese a su reconocimiento constitucional desde 2001 y su fortalecimiento en 2024.
Agua para Todos y la Contraloría Nacional explicaron que el dictamen mantiene intactas las estructuras que durante los últimos 33 años han generado la sobreexplotación de los acuíferos, la contaminación de cuerpos de agua, la marginación hídrica de amplias zonas del país y daños al interés público derivados de la concesión de obras hidráulicas y sistemas de agua.
Por ello, solicitaron a diputados presentar reservas para garantizar cambios de fondo que permitan ordenar el sistema de concesiones y cumplir con el derecho humano al agua.
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