El abogado y escritor mixteco, Francisco López Bárcenas, hace una revisión sobre lo que ha pasado a treinta años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, así mismo analiza las demandas que quedan por cumplir. Aquí presentamos un resumen del artículo.
El viernes 16 de febrero de 1996, en la comunidad de San Andrés Sacamch’en de los Pobres, el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) firmaron los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena, más conocidos como Acuerdos de San Andrés, uno de los primeros para alcanzar una paz justa y digna en Chiapas. En ellos se reconoció la discriminación y exclusión que históricamente han sufrido los pueblos indígenas de parte del gobierno mexicano; se establecieron las condiciones para remontar esa situación, teniendo como base la autonomía de los pueblos; se pactaron una serie de reformas constitucionales, que deberían materializarse en cambios legales e institucionales para que esto fuera posible.
Muchas cosas han cambiado en los 30 años transcurridos. Con el argumento de cumplir los Acuerdos de San Andrés, se han realizado dos reformas a la Constitución Política del país: la primera en 2001, por un presidente de derecha; la segunda, en 2018, por uno que pregonaba ser de izquierda, pero ninguna ha atendido el fondo de los reclamos de los pueblos indígenas. También se han transformado algunas instituciones estatales y se han creado otras; muchos hombres y mujeres indígenas, incluidos algunos que participaron en la construcción de los Acuerdos, ocupan espacios en los tres poderes del Estado y los tres órdenes de gobierno, sin que las trasformaciones pactadas se conviertan en realidad. La mentada nueva relación del Estado con los pueblos indígenas sigue siendo una aspiración que a las fuerzas políticas del país no les interesa convertir en realidad.
Prueba de lo anterior es que derechos estratégicos, como los territoriales y los políticos, han sido ignorados en las reformas en materia indígena, mientras el despojo de su patrimonio se sigue regulando en diversas reformas legales.
Por ejemplo, en la que “nacionalizó” el litio, se omitieron los derechos de los pueblos indígenas; similar actitud se asumió en la regulación del derecho humano al agua, en la que, a la manera en que lo hizo el salinismo, se estableció que será en una ley posterior en la que se reconozca este derecho. Algo similar está sucediendo en la reforma electoral en curso, en la cual ni por asomo se establecen mecanismos para que los pueblos indígenas puedan tener sus propios representantes, que respondan a sus intereses, y cesen las farsas de ahora. A todo esto se une el escamoteo de los derechos de los pueblos mediante proyectos extractivos como la minería, el fracking, el acaparamiento de aguas o las concesiones forestales.
Hay avances, sin duda alguna, pero se trata de triunfos que los pueblos han obtenido luchando contra los dueños del capital y las instituciones del Estado que pregona proteger sus derechos. Es el caso de las concesiones mineras o las de aguas, que el Estado ha otorgado sobre yacimientos o acuíferos ubicados en territorios indígenas, donde los afectados han tenido que litigar incluso contra las instituciones del Estado que las han extendido, con el argumento de que es su obligación hacerlo.
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