“La conclusión a las que hemos llegado son bastante claras y contundentes. ¡No hay seguridad para las personas defensoras en Chiapas!, los testimonios que hemos recibido son alarmantes, la situación de mujeres que defienden derechos y personas indígenas que defienden derechos son situaciones a las que le daremos seguimiento de manera muy cercana, los asesinatos, los desplazamientos forzados y las detenciones arbitrarias son violencias que no se deben aceptar” señaló contundentemente Michael Phoenix, a nombre de Mary Lawlor, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las personas defensoras de los derechos humanos.
Durante el conversatorio “La situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos en Chiapas: los retos de su protección”, realizado el 19 de enero en la Facultad de la UNACH, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. La Relatora aseguró que “No hay seguridad para personas defensoras en Chiapas”, pues el gobierno mexicano “está pintando, simulando la paz” y “la militarización, el crimen organizado, los megaproyectos y la criminalización de las personas defensoras les pone en riesgo”
Puso como ejemplo de lo la situación de Chiapas, con el caso de asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, ocurrido el 20 de octubre de 2024.
“Las difamaciones a las que se enfrentaba como represalia por su labor en favor de la paz, la vigilancia en las calles, las amenazas de muerte y ordenes de aprensión en su contra son, dijo la Relatora, ejemplo de las “injusticia estructurales presente en todo el estado de Chiapas y el papel de los intereses económicos en la creciente inseguridad de las comunidades de las personas defensoras de derechos humanos”.
Agregó que “Los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos son como puñaladas para sus comunidades. Crean heridas que no se pueden curar. El miedo, como dijo el padre Marcelo, se interpone en el camino, pero el miedo se puede superar con la solidaridad”
Asimismo, alertó por las detenciones arbitrarias de pobladores indígenas y defensores comunitarios, como el caso de Bersaín Velasco García, preso desde 2022, y enfatizó en la necesidad de justicia para víctimas de asesinatos, tortura, desaparición y desplazamiento forzado.
El mensaje fue difundido tras varias reuniones con organizaciones de la sociedad civil, indígenas, campesinos y ciudadanos que han sufrido, ellos, sus familias o comunidades enteras, violaciones a sus derechos humanos, y también, con autoridades del estado de Chiapas para conocer su visión sobre la situación que guardan los derechos humanos para las y los ciudadanos de esta región.
Frayba Transmisión en vivo del Conversatorio | Aristegui noticias En Chiapas, la paz es simulación: Relatora de la ONU
