Este 21 de noviembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) dio a conocer que el Tribunal Colegiado del Poder Judicial resolvió los amparos 64 y 65/2025 a favor y ordeno la liberación inmediata de los cinco defensores indígenas tseltales de San Juan Cancuc, Chiapas, presos desde hace más de tres años.
En un mensaje publicado en sus redes sociales, el Frayba señaló que los Magistrados determinaron que los conceptos de violación presentados en los recursos fueron fundados y precisaron que las detenciones se realizaron de manera arbitraria. Para sustentar su decisión, apuntaron que diversos organismos de derechos humanos, como el Frayba y la ONU, entregaron documentos en calidad de Amicus Curiae, donde se argumentó la ilegalidad de las aprehensiones.
Cabe señalar que, el Frayba a partir de la documentación y el acompañamiento jurídico realizado, señaló diversas violaciones en perjuicio de los defensores comunitarios como: detención arbitraria, desaparición forzada e incomunicación, criminalización por su identidad indígena y por la defensa del territorio, fabricación de delitos, violaciones al debido proceso, traducción deficiente e ineficaz, falta de imparcialidad de la jueza, peritajes contradictorios y practicados por personas sin cédula profesional, así como actos de maltrato procesal. Fue por la gravedad de estas irregularidades que el Frayba decidió remitir el caso al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.
Al finalizar la visita del Grupo de Trabajo, la ONU dijo que el Estado mexicano no tuvo respuestas a diversos alegatos, tampoco estaba convencido de que las autoridades hayan cumplido con los procedimientos legales para llevar a cabo las detenciones en contra de los cinco. Asimismo, refirió que tras su visita a México en septiembre de 2023, reiteró que la prisión preventiva oficiosa vulnera el derecho a la libertad, así como a la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley.
El municipio de San Juan Cancuc, enfrente una serie de imposición de megaproyectos como presas hidroeléctricas, la “supercarretera” San Cristóbal – Palenque y la militarización del territorio, ante ello ha surgido una oposición comunitaria “la cual ha generado una respuesta represiva del Estado, utilizando la criminalización para atemorizar, inhibir y desmovilizar a las comunidades indígenas. Esta práctica constituye una forma de castigo ejemplar contra quienes ejercen la defensa de derechos, expresando además un racismo estructural que afecta principalmente a personas tseltales en Chiapas” señala el Frayba.
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