Este 26 de agosto, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y normalistas tomaron la calles principales de Acapulco Guerrero y la Ciudad de México, a un mes de que se conmemoren 11 años del caso para exigir al gobierno de Claudia Sheinbaum acceso a información clave y avances en la investigación del Comité de Búsqueda de los 43 (COBAJ) y de la Unidad Especial de Investigación sobre la Desaparición Forzada (UEILCA).
En Acapulco las y los Normalistas de Ayotzinapa se centraron en cuatro demandas: la de obtener verdad y justicia; exigir y concretar la extradición de Tomás Zerón de Lucio y José Ulises Bernabé, responsables de la desaparición de 43 de sus compañeros; acceder a los 800 folios de las investigaciones y realizar búsqueda de campo en las zonas cercanas a Iguala.
Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, es reclamado a Israel por los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos. Huyó a Israel el 13 de agosto de 2019, y desde diciembre de 2021 se solicitó formalmente su extradición.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reconoció en 2023 la importancia de llevar ante la justicia a los responsables, pero la entrega de Zerón aún no se ha concretado.
El ex juez de Iguala, José Ulises Bernabé, también señalado como responsable de la desaparición de los normalistas, enfrenta procesos pendientes de extradición y su situación legal sigue siendo un tema central en las exigencias de los estudiantes y familiares. En 2015 solicitó asilo político en los Estados Unidos y no ha sido extraditado a México.
Actualmente, pese al cambio del titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), el gobierno de Claudia Sheinbaum camina sin resultados rumbo al onceavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, denunció el Comité de Madres y Padres en la reunión que sostuvo con organizaciones, sindicatos y colectivos de la Ciudad de México en preparación de las movilizaciones que realizarán el mes de septiembre.
Por su parte, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señaló “En la última reunión que hubo con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), donde estuvo el nuevo fiscal Mauricio Pazarán, las madres y padres vieron que se recicló la información que ya les había dado el fiscal pasado”.
La ausencia de resultados también impera en las búsquedas en campo, donde a la falta de indicios y hallazgos se suma, por cuestiones presupuestales, la reducción del personal desplegado para buscar posibles restos óseos correspondientes a los estudiantes desaparecidos.
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