A 51 años de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, la sentencia que reconoce el terrorismo de Estado es una luz frente a la impunidad, un llamado urgente de verdad y justicia para él y todas las víctimas de represión de la década de los años 70. Ahora, el emblemático caso podría volver nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó la organización civil Fundar, que acompaña a la familia Radilla.
Cabe recordar que el año pasado, en el marco de los 50 años de su desaparición, la Jueza de Distrito Karla Macías Lovera emitió una sentencia histórica en la que declaraba que la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco formó parte de un contexto de represión estatal que calificó como Terrorismo de Estado. En esta resolución, la Jueza ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) llevar a juicio a los responsables de la implementación de los planes de operación militar que dieron como resultado diversos crímenes de lesa humanidad.
Rosendo Radilla Pacheco, activista social y político, visibilizó en sus corridos las injusticias que se vivían en su comunidad en Atoyac de Álvarez, Guerrero. Esto, junto con su cercanía a las causas populares y sus demandas sociales fueron la razón de su detención ilegal y arbitraria el 25 de agosto de 1974, seguida de su desaparición forzada, por parte del Ejército mexicano.
A pesar de que este caso tiene una sentencia desde 2009, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en la que se declara la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, y la en la cual ordenó la investigación inmediata y el enjuiciamiento de los responsables, hasta el día de hoy no se ha sometido a un juicio penal a ningún responsable de estas atrocidades.
A más de medio siglo, las demandas de Rosendo Radilla y su lucha por hacer visibles las injusticias y desigualdad social y económica, siguen más vigentes que nunca. En un México donde nos hacen falta más de 134 mil personas desaparecidas, la justicia y la verdad por estos crímenes siguen siendo una deuda histórica del gobierno mexicano.
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