Durante estos 50 años, la familia Radilla no sólo ha buscado a su padre, sino que ha ayudado a miles de víctimas a vencer el miedo para organizarse y sumarse a la exigencia por la verdad y la justicia. Su lucha ha logrado la generación de nuevas instituciones para prevenir, investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos; la aprobación de nuevos marcos normativos e, incluso, constitucionales para reconocer a los derechos humanos como pilar de nuestro sistema democrático, así como, la revelación de información que durante décadas permaneció oculta sobre las prácticas represivas y criminales de las estructuras autoritarias del Estado mexicano.
A pesar de estos importantes avances, Rosendo Radilla y más de 116 mil personas desaparecidas aún nos hacen falta; su ausencia sigue siendo una silla vacía que les espera en sus hogares, junto a las y los suyos, quienes albergan la esperanza y el deseo de su regreso. La lucha de Tita y su familia no son parte del pasado, son presente y futuro, mientras el Estado mexicano y, en particular las Fuerzas Armadas sigan sin asumir plenamente sus responsabilidades institucionales e individuales respecto de la política de terror que desplegaron.
Actualmente el Estado mexicano tiene, al menos, tres oportunidades para responder a su deuda histórica de verdad, justicia y agravios a miles de víctimas: el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, el cumplimiento de las recomendaciones del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico y, el cumplimiento de una sentencia histórica dictada por el Juzgado Noveno de Distrito en Guanajuato, dentro del amparo indirecto 565/2018-I, promovido por Tita Radilla en contra de las omisiones de las autoridades en la búsqueda e investigación de la desaparición forzada de su padre.
Esta sentencia es la primera a nivel nacional que analiza con detalle las implicaciones de la mal llamada “guerra sucia”. Además, abre una oportunidad para resignificar los eventos de esa época como una verdadera política de terrorismo de Estado y sancionar a los máximos responsables de confeccionar dicha política, profundizar en el conocimiento de información hasta ahora oculta por las Fuerzas Armadas, y generar esquemas que redignifiquen la vida de las víctimas.
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