Ayer, alrededor de 2 mil policías comunitarios marcharon en Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, en la Montaña alta de Guerrero, para celebrar el 28 aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).
En asamblea, las comunidades demandaron la cancelación de 50 concesiones que se otorgaron a empresas mineras, de Canadá e Inglaterra principalmente, y se manifestaron a favor de fortalecer las asambleas y defender el territorio comunitario ante el embate de la delincuencia organizada.
En mesas de trabajo, también se visibilizaron los desafíos de la participación de las mujeres en el sistema comunitario. Las mujeres reclamaron que a pesar de tener un cargo no se toma en cuenta su opinión e insistieron que la violencia contra la mujer ha ido en aumento. La resolución de conflictos debe incluir la perspectiva de género, “porque las mujeres conocen los contextos diferenciales de las mujeres en las comunidades” y su situación de pobreza y marginalidad, reiteraron, al tiempo que propusieron que se incluya en el nuevo reglamento de la CRAC-PC el derecho a decidir sobre sus cuerpos y que el feminicidio se establezca como delito grave, como informa El Sur.
La CRAC-PC fue fundada el 15 de octubre de 1995 por docenas de comunidades y pueblos indígenas de Guerrero para paliar las violaciones, asaltos y otros crímenes en las regiones de la Costa y la Montaña, ante la impunidad o complicidad de parte de los órganos del Estado.
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