A 25 años del crimen contra la conocida abogada de derechos humanos, la Fiscalía Especial del caso investiga la defensa de campesinos ecologistas en la sierra de Guerrero como el móvil del asesinato de Digna Ochoa y Plácido, identificando vínculos entre el 19º Batallón de Infantería y el ex alcalde de Petatlán y narcotraficante Rogaciano Alba, señalado como autor intelectual del homicidio. La Fiscalía Especial del caso encontró en archivos del 19 Batallón de Petatlán que “un grupo reducido de militares” mantenía relación con el ex alcalde priista Rogaciano Alba, acusado por el delito de crimen organizado y encarcelado entre 2010 y 2019.
Por su parte, Elia Ochoa y Plácido, hermana de Digna, denunció en un acto de memoria que, hasta el momento, no han sido recibidos por la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México Berta Alcalde Luján ni han sido informados sobre avances en la investigación. Durante la instalación de un altar en su memoria, los familiares de Digna demandaron avances en la investigación y el cumplimiento integral de la sentencia de la Corte Interamericana.
Digna Ochoa fue baleada y asesinada el 19 de octubre de 2001 en la Ciudad de México. Tenía 37 años. En su oficina se encontró una nota advirtiendo que lo mismo le sucederá a otros abogados de derechos humanos. Digna Ochoa y Plácido fue una abogada y defensora de derechos humanos que trabajó en casos relacionados con presuntas violaciones cometidas por agentes del Estado. Defendió a zapatistas presos así como a los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, representantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán que fue un movimiento social en Guerrero que defendió los bosques locales frente a la tala ilegal y los narcocultivos ligados al caciquismo regional. Días antes del crimen, Digna Ochoa y el defensor de derechos humanos alemán Harald Ihmig visitaron los ecologistas en la sierra en un viaje que fue “vigilada de cerca y grabada en video por miltares, que en todo momento espiaron sus movimientos”, apunta El Sur.
Cabe recordar que el hoy magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial Bernardo Bátiz Vázquez fue el Procurador General de Justicia del Distrito Federal durante el asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa. Bajo su gestión, la procuraduría descartó la hipótesis de homicidio y concluyó oficialmente que la muerte fue un suicidio, decisión que fue ampliamente criticada por la familia de la víctima y organizaciones internacionales.
Organizaciones de derechos humanos y familiares demandan una “respuesta efectiva” de las autoridades responsables de investigar su homicidio y de cumplir las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2021. Señalaron que el pasado 14 de agosto fue la aprobación del Protocolo de investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, que es uno de los resolutivos que mandata la sentencia de la Corte Interamericana. Exigieron un plan de implementación con recursos, capacitación, responsabilidades y plazos definidos.
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