Unas cien organizaciones civiles y sociales denunciaron “la grave situación de violencia y crisis humanitaria que se está viviendo en diferentes regiones indígenas de México”, especialmente en los estados de Chiapas, Chihuahua y Michoacán, y lamentaron la “omisión sistemática” de las autoridades.
Los conflictos y disputas territoriales del crimen organizado en los territorios ha provocado que, en lo que va del año, más de 8 mil 190 personas fueran desplazadas de los municipios chiapanecos de Frontera Comalapa, Chicomuselo, y Siltepec; mientras que en Michoacán tan sólo ayer fueron atendidos 110 indígenas desplazados, y 251 indígenas en el municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua.
“Ha sido difícil documentar con detalle lo ocurrido, pues en todos los casos existe una dinámica que obliga a las víctimas de la violencia a guardar silencio; quienes se atreven a proveer información de la situación han recibido amenazas de muerte. Aun así hemos podido documentar la falta de acceso a la alimentación básica y la incertidumbre en la que se encuentran todas estas personas, que en su mayoría son mujeres, niñas y niños”, alertaron las organizaciones en su comunicado, entre ellas el Fondo Defensores, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) con sus 87 organizaciones miembros, y el Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International-IPRI con organizaciones en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Chihuahua, entre otros.
La crisis humanitaria causa “graves violaciones a los derechos humanos, la integridad y la existencia misma de los pueblos indígenas que hoy son víctimas de ellos. El Estado en sus tres niveles tiene la obligación de proteger, defender y procurar justicia a estas comunidades”, reiteran las organizaciones en su pronunciamiento.
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