En Sinaloa, la espiral de violencia sigue. Ayer, Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, los dos legisladores estatales del Movimiento Ciudadano (MC), resultaron heridos de bala tras ser atacados con armas de fuego en Culiacán. Un día antes, Torres Félix, dirigente estatal del MC, había denunciado que observaba intereses políticos en la contienda por la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán.
También ayer se informó que en la zona serrana de Concordia, municipio al sur de Sinaloa, al menos 10 trabajadores de la empresa minera Vizsla Silver Group fueron secuestrados por hombres armados, hecho que la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga bajo la línea de “desaparición cometida por particulares“. De acuerdo con un comunicado de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), los hechos ocurrieron el pasado 23 de enero.
El mismo día, se reportó que lementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Ejército lograron la ubicación y rescate de tres adolescentes en Mazatlán que habían sido reportados desde octubre como desaparecidos en Jalisco. Según reportes extraoficiales, los jóvenes habrían escapado de un centro de adiestramiento del crimen organizado. En la ciudad turística de Mazatlán se registra un repunte de homicidios y desapariciones, como da cuenta el caso de Carlos Emilio, un jóven de 21 años, que en octubre del año pasado entró al baño de un restaurante en Mazatlán y desapareció.
Mientras que, ante los nuevos hechos violentos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno reforzará aún más la seguridad en el estado, la sociedad sigue protestando contra la ineficiencia gubernamental.
El caso de Fernando Alan en Sinaloa se convirtió en un símbolo de la indignación social por las muertes de civiles durante operativos de seguridad. El asesinato del estudiante de Derecho, ocurrido el 13 de enero en Culiacán tras disparos del Ejército, detonó nuevamente marchas, exigencias de justicia y pronunciamientos de autoridades estatales, federales y organismos de derechos humanos. Familiares, colectivos y ciudadanos mantienen la presión pública para que el caso no quede impune y para que se esclarezca la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
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