‘‘Durante un periodo aproximado de 12 horas, en un operativo que podría considerarse ejemplo de lo que no deben ser las acciones policiales de esta índole, se registraron tres enfrentamientos entre civiles y elementos policiales en las poblaciones de Nochixtlán, Huitzo y Hacienda Blanca de Viguera’’, señaló el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez al presentar la recomendación de la CNDH sobre el operativo “Oaxaca” el 19 de junio de 2016. Remarcó que se tiene indicios de que policías estatales habrían matado a cuatro civiles, aunque también hubo agentes federales que dispararon sus armas. Entre los resultados de la investigación destaca el detallado recuento de las detenciones arbitrarias y los tratos crueles a los 27 presos, tanto lesiones físicas como “amenazas de violaciones de tipos sexual e incluso de muerte” (pág.478), cometidos por 14 policías plenamente identificados, y la complicidad de médicos y mandos en este crímen de lesa humanidad (capítulos B.2.7. y B.4.1.). La CNDH demandó a la Procuraduría General de la República finque responsabilidades a todos los implicados, incluidos los funcionarios, pues el operativo se coordinó desde un hotel en la capital de Oaxaca, donde se conformó un grupo integrado por representantes de las dependencias involucradas. Entre ellos, debe ser investigado Enrique Galindo, quien entonces era el comisionado nacional de la PF, subraya el ombudsman. Sin embargo, Manelich Castilla, el hoy comisionado nacional que en Nochixtlán tenía el mando de la Gendarmería, señaló hoy que no hay elementos que apunten a la corporación federal como responsable de disparar y matar a civiles.
Descargar el documento: RECOMENDACIÓN No. 7VG /2017 (pdf, 561 pag.). Imagen del informe de organizaciones civiles: Operativo Oaxaca 19 de junio. Contexto: Ningún policía ha sido investigado por operativo en Nochixtlán; rompen víctimas relaciones con Segob
Presentación de libro: La vida o el mineral – Los cuatro ciclos del despojo minero en México
Preocupado por los resultados de la actividad minera en México, Francisco López Bárcenas, abogado especialista en derecho indígena y asesor agrario, expone aquí el resultado de décadas de investigación y su experiencia al acompañar a los pueblos indígenas que defienden sus derechos. Cuatro son los ciclos históricos de explotación que localiza, todos en beneficio de capitales extranjeros, y para demostrarlo analiza las leyes que han regulado la actividad minera, las instituciones que el Estado ha creado para operarlas y las políticas instrumentadas en beneficio de particulares; todo desde la palabra viva, lejana de formalismos y próxima a una jurisprudencia popular, asequible a quienes defienden a diario el patrimonio natural de México. Presentan: Rosalinda Dionicio Sánchez, de la Coordinadora de Pueblos del Valle de Ocotlán (COPUVO); Blas Hernández, Comunero de Magdalena Teitipac; Neftalí Reyes, Educa Oaxaca. Fecha y lugar: Sábado 21 de octubre de 2017, a las 18 horas, en el Librespacio La Jícara, Oaxaca.
Ver también: Presentación del libro: Cuando solo reinasen los indios. Contexto: Cuando la minería contamina y atenta contra el derecho a vida
La organización Save the Children informó que en algunos de los albergues que se instalaron tras el terremoto del 7 de septiembre y los sismos del 19 y 23 de septiembre, ha detectado situaciones que levantan alertas sobre la protección de la niñez. En esos lugares, precisó, hay niños no acompañados por largos periodos de tiempo y no se tiene un registro de quienes entran y salen; tampoco existen protocolos de interacción entre autoridades y niños, y hay casos de trabajo infantil, entre otros. Y es que más de 226,000 niños y niñas mexicanos siguen durmiendo en las calles o en albergues un mes después del segundo sismo que afectó a México. La organización estimó que el número de niños fuera de sus hogares podría ser aún mayor ya que no se cuenta con un censo final de viviendas afectadas. “Hay que reducir las condiciones de riesgo de la niñez lo antes posible. Por ello desde Save the Children buscamos trabajar de la mano con las autoridades y comunidades donde operamos para asegurar que en todos los albergues se sigan los protocolos de protección de la niñez”, asegura Menéndez Carbajal.
Más información: Cuidemos a niños y niñas. Leer también: Exigen padres escuelas seguras en el Istmo y Olvidan a la mayoría de los afectados en Jojutla. Foto: EuropaPress
En Chiapas, a mes y medio del terremoto, 243 mil personas en el abandono (Video)
En la colonia Emiliano Zapata, situada en el municipio de Cintalapa, los hijos y los nietos de los alzados de la revolución viven de milagro. El sismo del 7 de septiembre de 8.2 grados Richter les quitó lo poco que tenían: un techo. Ya se acabaron los apoyos que recibieron los primeros días de su tragedia y no hay más. La mayoría en esta comunidad, acosada por las miles de réplicas de ese terremoto, sobrevive bajo los árboles o en chozas improvisadas con plásticos en espera de la ayuda que prometieron los gobiernos federal, estatal y municipal. “Si eramos pobres, ahora estamos peor porque ni casa tenemos”, dice doña Yolanda Arce, de unos 80 años, también hija de alzados zapatistas. Con la diabetes que le cobra la factura de los años vividos, bastón en mano, lentes oscuros para ocultar su ceguera, se abraza a su esposo postrado en una silla de ruedas. A un mes del terremoto, a modo de “estimación”, las autoridades informaron que hay 243 mil personas damnificadas en Chiapas, y que más de 58 mil 300 tuvieron afectaciones a su vivienda. Leer los reportajes de Isaín Mandujano y de Ángeles Mariscal:
Desolación en Chiapas: “Si éramos pobres, ahora estamos peor” y reportaje y video sobre el Ejido Emiliano Zapata: A un mes del sismo, el abandono (3 min.). Contexto: La disputa por el territorio tras el sismo en la Costa de Chiapas (+ pronunciamiento por allanamiento)
En el cuarto aniversario luctuoso de Rocío Mesino piden justicia por ella y Ranferi Hernández
Con una jornada de actividades denominadas El Rocío de La Esperanza, organizaciones sociales de Guerrero conmemoraron el cuarto aniversario luctuoso de la líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino quien fue asesinada cuando atendía un comedor comunitario para voluntarios en trabajos por los daños de la tormenta Ingrid y Manuel en el 2013 en Mexcaltepec. En la plaza comunitaria de esa comunidad las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos resaltaron la lucha de Rocío Mesino y develaron una placa así como también exhibieron mantas hechas por mujeres que bordaron a mano pensamientos en el kiosco de la localidad. Asimismo, en el puente de Mexcaltepec donde fue asesinada la luchadora social se pintó un mural, luego hicieron una ofrenda floral en el lugar donde fue abatida. Ahí se pidió a los tres órdenes de gobierno que esclarezcan este asesinato. También repudiaron el asesinato del luchador social Ranferi Hernández y acusaron que fue acribillado por manos del Estado. Por su parte, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México denuncia “el actuar negligente de la Fiscalía de Guerrero” y exige que “el asesinato de Rocío sea investigado a partir de su actividad de defensa de derechos humanos”. Leer el boletin:
Red Nacional de Defensoras de DDHH en México: Justicia negada, a cuatro años del asesinato de Rocío Mesino. Contexto: Reprueban ejecución del luchador social Ranferi Hernández Acevedo, de su esposa, su suegra y su chofer, en Guerrero (Boletín y video). Foto: PhotoEdge
Ordenan reclasificar el caso de Lesvy como feminicidio agravado
Una resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) evidenció las omisiones de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX) para investigar con perspectiva de género las muertes violentas de mujeres de la capital. Y es que, en el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio -la joven cuyo cuerpo fue encontrado atado a una cabina telefónica en Ciudad Universitaria- resolvió que existen los elementos para determinar que fue un feminicidio y no un suicidio. Desde el inicio de las diligencias, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria -represente legal de la familia Rivera Osorio – documentó al menos tres características para clasificar la muerte de la joven como parte de la ola de violencia contra las mujeres que vive la capital: la exposición pública del cuerpo, rastros evidentes de violencia física, así como testimoniales de al menos dos amigos cercanos a la pareja de la violencia previa que vivía la víctima. Alejandro Martínez Martínez, integrante del Centro de Derechos Humanos, refirió que la resolución “básicamente corrige todo el actuar de la Procuraduría” que dirige Edmundo Garrido Osorio, desde la muerte de Lesvy el pasado 3 de mayo, cuando aún era procurador Rodolfo Ríos. Leer el boletín:
Centro Vitoria: Tribunal Superior de Justicia resuelve reclasificar caso de Lesvy como feminicidio agravado. Observatorio OCNF: TSJCDMX reclasifica el caso de Lesvy como feminicidio agravado. Contexto: Aplazan por tres días decisión de reclasificar como feminicidio la muerte Lesvy. Foto: Jornada.
Masacre en penal de Cadereyta: urge CIDH a revisar legalidad del uso de la fuerza letal
Tras los hechos de violencia en el penal de Cadereyta, Nuevo León, que han dejado 18 muertos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó al gobierno mexicano que los cuerpos de seguridad solamente pueden recurrir al empleo de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida y cuando resulten ineficaces medidas menos extremas; reiteró que tiene el deber de realizar un control adecuado y verificación de la legalidad del uso de la fuerza. Además de recordar que el uso de la fuerza letal es la última opción, el organismo recalcó que cuando la autoridad tenga conocimiento de las consecuencias letales derivadas del uso de armas de fuego por parte de fuerzas de seguridad, debe iniciar de oficio y sin dilación una investigación seria, imparcial, efectiva y abierta al escrutinio público. La CIDH expresó su preocupación “por la reiteración de hechos que reflejan la ausencia de medidas de seguridad efectivas para garantizar los derechos a la vida y la integridad de las personas privadas de la libertad. Desde junio de 2016, la CIDH se ha pronunciado en tres oportunidades condenando hechos violentos en México, en los que perdieron la vida 80 personas privadas de libertad, como resultado de motines iniciados por el enfrentamiento entre integrantes de grupos contrarios”, recordó. Leer el comunicado de prensa:
CIDH condena la muerte de al menos 17 personas privadas de libertad en penal de Cadereyta, México. Más información: Sube a 18 número de reos muertos en el motín del Penal de Cadereyta
Los titulares de hoy:
Presentación de libro: La vida o el mineral – Los cuatro ciclos del despojo minero en México
Chiapas, a mes y medio del terremoto, 243 mil personas en el abandono (Video)
En el cuarto aniversario luctuoso de Rocío Mesino piden justicia por ella y Ranferi Hernández
Ordenan reclasificar el caso de Lesvy como feminicidio agravado
Masacre en penal de Cadereyta: urge CIDH a revisar legalidad del uso de la fuerza letal
