En días pasados se dieron a conocer dos evaluaciones internacionales sobre aspectos de la situación de derechos humanos en México. Se trata, por un lado, de las Observaciones Preliminares dadas a conocer por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y por otro de las Observaciones Finales sobre la información complementaria que México presentó al Comité contra la Desaparición Forzada (Comité CED).
En sus Observaciones Preliminares, publicadas tras su visita al país durante este mes de septiembre, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria estimó que las detenciones arbitrarias se presentan de manera “generalizada” en el país, en buena medida a consecuencia de la actual política de seguridad. También se refirió al preocupante abuso de la prisión preventiva oficiosa, señalando que: “De las aproximadamente 90,000 personas en detención preventiva (denominada “en proceso”) en 2022, alrededor del 50 por ciento están sujetas a detención preventiva oficiosa”.
En cuanto al Comité sobre la Desaparición Forzada, después de que México compareciera ante esta instancia durante tres días y remitiera información escrita, este cuerpo colegiado concluyó que en nuestro país las desapariciones siguen en aumento. Lamentó la generalizada impunidad y señaló que “la investigación y persecución penal de la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares continúan sin ser priorizada”.
La evaluación de la situación de México por parte de estas dos instancias “es crítica”, alerta el Centro ProDH. Este centro nos recuerda también que “las violaciones a derechos humanos no se erradican porque así lo declare un gobierno”.
“Hacen falta políticas públicas sostenidas y un constante énfasis en la rendición de cuentas, esfuerzos a los que no abonan los discursos triunfalistas que afirman, contra toda evidencia y contra las recientes evaluaciones internacionales, que en México ya no se violan los derechos humanos”, finaliza el Centro ProDH.
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