Comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, junto con organizaciones de la sociedad civil, obtuvieron judicialmente una suspensión definitiva para la construcción de los tramos 5 Norte (Cancún-Playa del Carmen), 5 Sur (Playa del Carmen-Tulum) y 7 (Escárcega-Chetumal) del proyecto Tren Maya.
El fallo fue emitido por un Tribunal de Yucatan luego de considerar que no se han cumplido con los principios ambientales para garantizar el derecho a un medio ambiente sano y las múltiples afectaciones ocasionadas por este megaproyecto.
La suspensión es resultado de un amparo interpuesto por las comunidades y organizaciones civiles desde julio de 2020, contra las afectaciones ambientales provocadas por el Tren Maya en la Península de Yucatán, entre las que se encuentran la devastación de la selva maya, la perforación y contaminación de los cenotes con columnas y los daños al sistema de cuevas por las obras.
“El Tribunal sustentó su decisión en los recientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que enfatizan la necesidad de garantizar los principios de prevención, precaución e in dubio pro natura (ante la duda, a favor de la naturaleza). En este contexto, se consideró que la mera existencia de autorizaciones de impacto ambiental y cambio de uso de suelo no basta para cumplir con estos principios”, explicaron las organizaciones, entre ellas el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Kanan Derechos Humanos.
En el caso del tramo 7, el Tribunal identificó que la autorización de la manifestación de impacto ambiental (MIA) fue emitida de manera condicionada, exigiendo a las encargadas de las obras cumplir con más de 12 condicionantes antes de su inicio, entre ellas: el Estudio Técnico Económico, Programa de Rescate y Reubicación de Flora y Fauna Silvestre, y el Programa de Prevención, Mitigación y Manejo de Contingencias Ambientales y Conservación del Paisaje Kárstico. Sin embargo, hasta la fecha no existe evidencia de que estas condicionantes hayan sido solventadas.
En este contexto, es importante señalar que, si bien la suspensión tenía el propósito de detener por completo las obras del tramo 7 del Tren Maya, su emisión resulta tardía. Esta demora es particularmente preocupante dado que el proyecto ya ha alcanzado una etapa avanzada de ejecución, lo cual genera serias dudas sobre la efectividad del juicio de amparo como un mecanismo de protección eficaz.
Sin embargo las organizaciones reconocieron como un avance importante que se haya considerado necesario ir a fondo y analizar las violaciones de derechos humanos en el juicio principal, que se encuentra pendiente sin fecha determinada. También celebraron que se haya establecido que la simple existencia de autorizaciones de impacto ambiental y cambio de uso de suelo no es suficiente para cumplir con los principios ambientales ni para garantizar el derecho a un medio ambiente sano.
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