Para exigir seguridad, comunidades indígenas bloquearon ayer cinco carreteras en Michoacán. El Gobierno del Estado respondió enviando elementos antimotines a uno de los puntos de protesta, el ubicado en la caseta de Zirahuén.
La movilización de las comunidades integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), ocurrió por la falta de respuesta del Gobierno del morenista Alfredo Ramírez Bedolla al ataque perpetrado el pasado 6 de mayo por un comando contra la comunidad purépecha de Acachuén, en el municipio de Chilchota, en el que también habría participado la Policía Municipal.
El miércoles pasado, personas armadas atacaron una reunión comunitaria realizada sobre la carretera federal Zamora–Carapan, dentro del territorio de Acachuén. Como resultado de la agresión fueron asesinados dos comuneros, mientras que al menos una persona más resultó herida.
“Estos hechos no constituyen un evento aislado”, alertan la Red Solidaria de Derechos Humanos y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT. “Forman parte de un contexto regional de violencia, criminalización y desprotección institucional que afecta de manera sistemática a comunidades P’urhépecha organizadas en defensa de sus territorios, sus formas de gobierno y sus mecanismos comunitarios de organización”.
La comunidad P’urhépecha de Acachuén está ubicada en la región de la Cañada de los Once Pueblos, enfrenta una grave situación de violencia, así como un incremento en el riesgo para la vida, la integridad y el ejercicio de los derechos colectivos que las comunidades P’urhépecha han denunciado de manera reiterada. Con una Acción Urgente, las organizaciones de derechos humanos exigen que “el Estado mexicano atienda esta situación desde un enfoque de justicia intercultural y derechos humanos, reconociendo la gravedad del contexto que enfrentan las comunidades P’urhépecha”.
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