La comunidad nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, condenó el “terror criminal” contra comunidades de Michoacán. Esto después del atentado con coche bomba el 6 de diciembre en el municipio de Coahuayana, frente a la sede la policía comunitaria de Coahuayana, provocando la muerte de seis personas y lesiones a por lo menos 12 personas más.
La comunidad de Santa María Ostula condenó “rotundamente tan brutal crimen, mismo que tiene como propósito generar terror en la población y afectar el sistema de seguridad comunitaria que se han dado los pueblos de Coahuayana”. En estos momentos tan difíciles, “extendemos nuestra solidaridad y apoyo total a la Policía Comunitaria de Coahuayana, encabezada por el comandante Héctor Navarrete”, afirma Ostula.
Mientras, la Fiscalía General de la República (FGR) corrigió el domingo que la investigación iniciada por la explosión de un automóvil en Coahuayana es por el delito delincuencia organizada, no por terrorismo. Esto, después de que el sábado la nueva fiscal Ernestina Godoy informó de la pesquisa “contra quien o quienes resulten responsables del delito de terrorismo”.
Varias organizaciones y expertos señalan que un atentado con coche bomba es un acto terrorista, definido por leyes internacionales que firmó México. El analista Edgardo Buscaglia recalcó en Aristegui Noticias que la definición de actos de terrorismo está claramente establecida por las leyes de la ONU y ratificada por el Senado mexicano, por lo que no depende del criterio de Estados Unidos o su presidente Donald Trump, como lo ha hecho “de manera caprichosa” con Venezuela.
Buscaglia destacó que “cuando un coche bomba estalla, o se está planificando un ataque con un coche bomba, antes de que suceda, cuando existe, en donde se usa un espacio público a la población civil como medio para obligar al Estado a hacer o no hacer algo, eso es un acto de terrorismo, definido no por el pinche Trump, sino por leyes que México ha adoptado”. Además, señaló que los explosivos empleados suelen ser plásticos y de uso militar, y que su trazabilidad requiere colaboración entre diferentes fiscalías y centros patrimoniales.
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