Tras seis días de ataques de un grupo criminal a la población nahua en la Montaña Baja de Guerrero, con asesinatos y cientos de familias desplazadas, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó hoy que se retiraron los bloqueos en localidad de Alcozacán, en Chilapa. Esto tras un diálogo “con los dos grupos”. El gobierno federal argumentó que el Ejército y la Guardia Nacional no intervinieron en la zona para evitar bajas entre los civiles.
En esta “historia vieja de violencia, terror, omisión e impunidad” y “de pueblos que durante más de una década han aprendido a vivir atrincherados, siempre listos para defenderse”, el último capítulo fue que la organización criminal Los Ardillos, durante seis días —del 6 al 11 de mayo—, atacó a los pobladores de las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, escribe Kau Sirenio.
El enemigo de las comunidades organizadas en el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) es poderoso, militar y políticamente. “Nosotros cómo vamos a pelear con un cartel grande que tiene controlados 14 municipios y, pues, son ex militares”, dice Sixto Mendoza, habitante de Alcozacán y promotor del Consejo Indígena, en entrevista con Amapola Noticias. Una de las exigencias del Cipog-EZ, que sus miembros volvieron a plantear en el encuentro de este martes con las autoridades, de acuerdo con Sixto Mendoza, es que les construyan un banco del Bienestar en la comunidad y un hospital regional, porque los asesinan cuando bajan a cobrar un programa social o intentan ir al médico. “Si vamos al municipio de Chilapa estamos siendo desaparecidos o asesinados. Ahí nos espera el grupo criminal”, comenta.
Por su parte, la Red TDT, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Mision Civil de Observación – Sexta, lanzaron un llamado urgente al Gobierno Federal, al Gobierno del Estado de Guerrero, a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, medios de comunicación y organizaciones sociales para implementar de manera inmediata un operativo de protección y seguridad en las comunidades atacadas y garantizar condiciones de retorno seguro para las familias desplazadas.
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