Diego Fernando Bonilla, indígena ñuhú de 45 años, enfrenta el cierre anticipado de la investigación que interpuso ante actos de tortura por parte de la policía ministerial del estado de Veracruz, “a pesar de la existencia de elementos periciales, testigos e incluso análisis de contexto”, denunciaron organizaciones y centros de derechos humanos a través de un comunicado conjunto.
Los hechos ocurrieron el 30 de mayo de 2023 en Huayacocotla, un día después de que Bonilla fuera testigo del asesinato de su amigo en la comunidad El Pericón, municipio de Texcatepec. Fue trasladado por agentes ministeriales para rendir su declaración, pero antes de hacerlo denunció haber sido torturado para que incriminara a un tercero. La agresión se produjo a pesar de que, por ser de noche, no logró identificar al responsable.
Cuando finalmente declaró ante el fiscal itinerante apoyado con una intérprete oficial, narró en su lengua materna lo ocurrido; sin embargo, su versión fue ignorada y se redactó una declaración en español que no entendía y que fue utilizada para solicitar la aprehensión de una persona que hoy está en prisión aunque Bonilla ha aclarado que nunca la expuso como responsable.
Acompañado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, el 30 de junio de 2023 presentó una denuncia formal por tortura, que quedó asentada en la carpeta de investigación XAL/FIM/FEIDT/219/2023.
Sin embargo, en más de cuatro meses no se hicieron diligencias relevantes, lo que motivó la presentación del amparo indirecto 306/2023 ante el Juzgado Primero de Distrito en Veracruz, admitido hasta marzo de 2024.
“La tortura no puede seguir siendo ignorada ni encubierta por las propias instituciones encargadas de impartir justicia”, subrayaron las organizaciones, que aseguraron que la decisión de la Fiscalía “refuerza el patrón de impunidad” en Veracruz frente a las denuncias de violaciones a derechos humanos.
De acuerdo con el Renadet publicadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en diciembre de 2024, Veracruz es el segundo estado con más carpetas por tortura entre 2019 y 2024 (2 mil 441) y el primero en número de víctimas registradas (4 mil 61), de las cuales 667 son personas indígenas. La policía ministerial figura como la corporación más señalada, con mil 352 denuncias.
Las organizaciones defensoras advierten que cerrar este caso sería un mensaje de impunidad en un estado donde la tortura se ha practicado de forma sistemática contra poblaciones históricamente vulneradas.
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