El apellido Bailléres, es propietario de la cuarta fortuna más grande de México valuada por Forbes en 7,800 millones de dólares. Se trata de los dueños de compañías como El Palacio de Hierro y la aseguradora GNP; sus mayores acciones están invertidas en Peñoles y Fresnillo, dos de las más grandes mineras del país.
Ahora en Sonora la familia Baillerés a comenzado un nuevo capitulo legal en la historia del ejido “El Bajió” en Sonora, para esto a contratado a José Hemel Quintero, sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero, el abogado Quintero interpuso una demanda contra ejidatarios de El Bajío, en Sonora.
La notificación de la demanda llego a los ejidatarios luego de que el pasado 21 de febrero de 2021 acordaron en una asamblea aportar dos polígonos de su territorio para que se convirtieran en Área Natural Protegida. Es decir, convertir más de 2 mil 400 hectáreas del desierto en una reserva natural para que nunca más puedan ser explotadas por la minera Penmont, propiedad de la familia Baillères.
El conflicto se remonta hasta 2013, cuando 67 familias del ejido El Bajío demandaron a la minera Penmont por el despojo y los daños ambientales que causó en su territorio. En noviembre de 2014, el ejido El Bajío obtuvo 67 sentencias a su favor.
Ahora, y después de que el 15 de agosto de 2023 la Comisión de Áreas Naturales Protegidas y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales expidieran el certificado CONAP-56-2023 aceptando la incorporación de ese territorio en el registro nacional de Áreas Naturales Protegidas, la minera vuelve a contraatacar, usando las viejas tácticas de siempre: el crimen organizado y las amenazas.
La demanda interpuesta ahora por José Hemel Quintero y la empresa Asesora QL- Peon SA de CV, exige declarar la nulidad de dos actas: la que expulsa a los ejidatarios del núcleo ejidal (2017), y la que aporta los polígonos de su territorio para que se conviertan en Áreas Naturales Protegidas (2021). En ambos casos, el tiempo de apelación ya pasó, pues era de 90 días. Y en el caso del acta de 2021, la demanda también tendría que ser contra la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y la Semarnat.
En entrevista el abogado de los ejidatarios, Sergio García Camacho explicó que, en realidad, la demanda es parte de una estrategia criminal que la familia Baillères ha usado en contra de los ejidatarios para despojarlos de sus tierras.
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