Jesús Plácido Galindo, dirigente del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), fue detenido el viernes en un retén militar en la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, a la altura del municipio de San Marcos, en la Costa Chica de Guerrero. En la detención participaron alrededor de 40 elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la policía ministerial estatal y la policía del estado de Guerrero. Autoridades comunitarias de las regiones Costa Chica, Montaña y Montaña Baja de Guerrero responsabilizaron al Estado mexicano de lo que le pueda suceder a Jesús Plácido. Posteriormente fue trasladado al penal federal de máxima seguridad de Almoloya, en el Estado de México, aunque lo acusan de homicidio, un delito del fuero común.
Abel Barrera, fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, afirmó en entrevista con Carmen Aristegui que la detención del líder comunitario indígena Jesús Plácido Galindo forma parte de un proceso de criminalización contra un defensor de los pueblos originarios. Sostuvo que las autoridades dirigieron las investigaciones contra Plácido después de que denunciara la violencia y el desplazamiento forzado en comunidades nahuas de Chilapa. El defensor de derechos humanos denunció además que existen obstáculos para acceder al expediente y preparar una defensa adecuada.
En una Acción Urgente, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT) manifiesta su profunda preocupación por la detención del defensor Jesús Plácido Galindo, coordinador regional del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI) y exigieron la libertad inmediata del activista.
Mientras, en Guerrero se realizaron varios bloqueos carreteros. En el marco de estas protestas, en la Costa Chica fueron retenidos dos funcionarios del gobierno estatal morenista, en protesta por la detención del líder de pueblos indígenas.
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