En Oaxaca existen mil 232 personas que se reconocen como indígenas bajo un proceso judicial; 51 de ellas, mujeres, sin embargo han atravesado constantes violencias a sus derechos durante este proceso y muchas personas han sido encarceladas injustamente por no tener un proceso judicial claro.
La historia de Julia quien en abril del año pasado logró su libertad, es un caso de muchas personas indígenas que están encarceladas injustamente. Julia fue recluida en 2019 en el centro penitenciario de Tanivet por delitos contra la salud, por transportar cannabis sativa, la detuvieron solo a ella, a pesar de que en la camioneta había otros hombres que la acompañaban, quienes le ofrecieron tres mil pesos para llevar una maleta a Tapanatepec Oaxaca, una comunidad a ocho horas de la suya, San Bernardino, una de las comunidades catalogadas con pobreza extrema. La utilizaron como “mula” como popularmente les llaman a las personas que transportan drogas.
La historia de Julia también está atravesada por la pobreza, y marginación, cuando a ella le preguntas, ¿por qué lo hiciste? responde con franqueza que necesitaba 3 mil pesos para arreglar el techo de su cocina. Nada más.
En entrevista con la periodista Roció Flores, el abogado y defensor Tomas López Sarabia de la organización CEPIADET, señaló que “el tema central con los presos indígenas es que se les violenta sus derechos humanos en el Ministerio Público, se les violenta en el Poder Judicial y finalmente llegan a las cárceles donde desafortunadamente viven la última fase de este cáncer, es decir una serie de obstáculos, el no ejercicio de la justicia en el que están involucrados. La mayoría de estas personas son primodelincuentes, es decir es la primera ocasión en la que han cometido un delito y por eso están en esos centros penitenciarios. Más allá de si son culpables o inocentes, lo que es importante es que viven constantes violaciones a sus derechos humanos incluso para poder regresar a la comunidad”.
Lo que Cepiadet hizo en el caso de Julia es acompañarla para regresar a su comunidad y empezar a ver qué necesidades tiene ella y su familia para poder regresar “a una vida normal”. “Estamos mostrando en este caso que el Estado tampoco se preocupa de un acompañamiento posterior a estas personas”, dice el defensor quien también señaló, que existe un desconocimiento del marco jurídico de los derechos indígenas entre servidores públicos por lo que lo vuelve deficiente al estado para garantizar los derechos.
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