La mitad de las 36 estaciones del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) se cayeron luego de las lluvias y el terremoto del siete de septiembre, las cuales de no atenderse se corre el riesgo de de perder toda la información sísmica o, en el peor de los casos, si tiembla no hay manera de registrarla, afirmó el director de dicho centro, Juan Manuel Espinosa Aranda, quien además alertó sobre la ignorancia de las administraciones de Gabino Cué y Alejandro Murat al no prestar atención al Sistema de Alerta Sísmica de Oaxaca, “la naturaleza hace su trabajo y nos exhibe como muy ignorantes o muy corruptos, porque ya tenemos ciertos conocimientos y no podemos dejar de usarlos por ahorrarnos varilla o cemento”, dijo. Cabe destacar que Gabino Cué, dejó un adeudo de 22 millones de pesos al CIRES, mientras que el actual gobernador, Alejandro Murat, decidió no contratar los servicios al CIRES, razón por la que “si tiembla no hay manera de registrar esos sismos aunque el 50% de los puntos verdes de su monitor estaban en focos rojos”. Los recientes sismos del 7, 19 y 23 de septiembre con sus más de seis mil 500 réplicas, dejaron en el estado 82 muertos, más de 120 mil damnificados, 64 mil 626 casas dañadas y 358 municipios declarados como zona de desastre. Leer el reportaje completo de Pedro Matías:
Terremoto exhibe a Gabino Cué y Alejandro Murat como ignorantes, corruptos e inhumanos. Más información: Protección Civil, sin cabeza y sin recursos. Leer también: Refuerzan red de sensores sísmicos en el Istmo. Contexto: Gastan millones en alertas sísmicas pero aún permanecen en bodegas. Foto: Alerta Sísmica sigue sin funcionar; adeudo de 23.4 mdp de Cué pone en riesgo a la población
“No ha sido fácil ser defensor”: Omar Martínez
El territorio de la región istmeña ha sido objeto de muchos intereses. Durante la última década las empresas eólicas, especialmente de capital europeo, han fincado sus inversiones en estos territorios. Los inicios del trabajo de Omar coinciden con la defensa que hace UCIZONI y otras organizaciones de los pueblos Ikoots y Binizaa contra la empresa Mareña Renovables. Al mismo tiempo Omar se capacitaba en la Escuela de Defensores Comunitarios impulsada por EDUCA. Omar se convirtió en defensor de los derechos humanos en el momento que supo que lo que estaba haciendo era lo correcto y que este trabajo estaba reconocido por organismos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos. Es decir, no estaba haciendo nada clandestino, ni en la obscuridad. Estaba haciendo algo reconocido, algo legal. De ahí considera que es fundamental la promoción y defensa de los derechos humanos pues es indispensable proteger y defender la vida. Al defender los derechos humanos, estamos defendiendo la vida, esto piensa y en esto cree Omar. “No ha sido fácil ser defensor comunitario”, reflexiona Omar, “hemos enfrentado muchos obstáculos y en un mundo capitalista globalizado el que rema en contra de los intereses del capital, esta mal o es un inadaptado o loco. Pero ser defensor es algo muy lindo, digno y gratificante (aunque no monetariamente) he aprendido el valor de lo mas simple, de la gente de nuestra cultura, y de la tierra y sus recursos. Soy defensor comunitario de derechos humanos por convicción mas que por decisión, porque ser defensor es defender la vida misma en su conjunto”. Leer toda la historia de vida de Omar Martínez:
El Topil 31: Tejemos la dignidad con nuestras voces. Más información: Campaña Oaxaqueña de Defensores y Defensoras Comunitarias: Ejerciendo nuestros derechos, tejemos dignidad
En los municipios de Arriaga, Tonalá y Pijijiapan, en la región Costa, la destrucción de barrios completos es brutal, casas que de un minuto a otro cayeron completamente, vecinos que como pueden intentan reconstruir su vida. La presencia de los actores que se disputan el territorio es palpable. Por un lado, la Marina y el ejército mantienen su presencia como aparato institucional, por otro, las iglesias evangélicas reparten despensas y ropa a diestra y siniestra, sin apelar a la colectividad o a la organización ciudadana. Todos continúan con el asistencialismo paternalista. Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa promueve la colaboración junto a algunos vecinos y vecinas, quienes se han dado a la tarea de realizar un comedor colectivo, idea por demás necesaria, pues el tomar en sus manos de a poco y de forma colaborativa la reconstrucción de sus vidas es no sólo algo favorable sino indispensable, pues la constitución de la ciudadanía se construye con la colaboración, ayuda mutua y la implementación de propuestas concretas, a diferencia del asistencialismo que apela a la dependencia y pasividad ciudadana. Cabe mencionar que en este contexto, desconocidos allanaron y sustrajeron pertenecías de la casa de Guadalupe Núñez Salazar, activista del CDH Digna Ochoa en Tonalá. Leer el reportaje de Noé Pineda:
La disputa por el territorio tras el sismo en la Costa de Chiapas. Del asistencialismo a la reconstrucción del tejido comunitario. Leer también: Pronunciamiento en solidaridad por el allanamiento y robo de Guadalupe Nuñez, concejala del Concejo Indígena de Gobierno. Más información: Cunde la incertidumbre sobre la ayuda en Tonalá y Constructores exigen a Velasco asignar obras de reconstrucción por sismo a empresas de Chiapas
La empresa canadiense Calendaria Mining Corp retiró la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto de explotación minero de oro y planta en el cerro La Paila, uno de los lugares de extracción del proyecto Caballo Blanco, por considerar que no hay condiciones políticas adecuadas en Veracruz. Tras el anuncio, integrantes de 50 organizaciones sociales del estado de Veracruz y del país exigen que la mineras que proyectan instalarse en Actopan y Alto Lucero salgan de manera definitiva. En conferencia de prensa, integrantes de organizaciones sociales señalaron que ningún proyecto de minería a cielo abierto es viable, incluso el proyecto de La Paila se inserta en un territorio biocultural importante del estado, dentro de un espacio que ha sido ocupado por siglos por comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas. El proyecto pretende establecerse a menos de 3 km de la única Central Nucleoeléctrica que hay en el país: Laguna Verde, e implica un riesgo para la población local y los veracruzanos. Más información:
Pronunciamiento del 4 de octubre . Ver video: Proyecto minero La Paila amenaza corredor de aves y sitio ramsar (4 min.). y Mineras e hidroeléctricas dejarán un desastre en el medio ambiente: Arzobispo. Foto: AVC Noticias.
El 19 de septiembre pasado, un hombre de 33 años que atendía un puesto de comida salía de El Palacio de Hierro en la calle Durango #230, en la Colonia Roma, después de buscar un regalo para sus dos hijos. El temblor lo sorprendió en el estacionamiento de la tienda y la caída de una marquesina y una rampa acabaron con su vida.No fue el único muerto en la tienda. Una mujer de 28 años falleció en el mismo lugar, aunque no hay información clara que permita saber qué hacía ahí. Ambos cuerpos fueron retirados pronto. La tienda cerró, limpió los escombros del estacionamiento, y apenas dos días después del sismo, reabrió sus puertas. El cuerpo del hombre llegó al forense el día 20 y no se sabe dónde estuvo el día anterior. La mujer llegó el 19, pero no se registró oficialmente que haya muerto en ese lugar, sino en la calle, en Durango 233. El Palacio de Hierro sucursal Durango no reportó la muerte de las dos personas, aunque asegura que han contactado a sus familiares. “De manera prioritaria ya establecimos contacto y le mostramos nuestra solidaridad a las familias de los deudos en este episodio tan doloroso”, se limitó a apuntar la tienda departamental en un comunicado que envió a Animal Político. Más información y convocatoria: si tienes información sobre víctimas del sismo, colabora en el mapa contra el olvido:
Mapa contra el olvido: ¿En dónde murió cada víctima del 19S en CDMX? Autoridades se contradicen. Leer también: Se multiplican las protestas por la desorganización gubernamental, El rescate de afectados por sismo es clasista: académicos de la UNAM; falta ayuda en el sur y Sin IMSS, ni residencia legal, las condiciones de víctimas del colapso en fábrica de Bolívar
Aprueban Diputados cárcel de 2 a 6 años para operadores de radios sín concesión (pronunciamiento)
Los integrantes de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobaron ayer reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el Código Penal Federal para imponer sanción de dos a seis años de prisión, y de 100 a 300 unidades de medida como multa a quienes operen como radiodifusores que no hayan sido regularizados y trabajen de manera clandestina. El dictamen de las reformas fue aprobado por 11 votos en favor, y tres en contra de PRD y Morena. Precisa que quien use, aproveche o explore bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico o recursos orbitales sin contar con autorización o concesión, se le impondrá prisión de dos a seis años, además de que procederá el decomiso de instrumentos, objetos o producto del delito, cualquiera que sea su naturaleza. Durante la sesión de la Comisión, el diputado Miguel Ángel Ramírez Ponce (PRI) aseguró que si bien las radios comunitarias tienen prohibido comercializar los tiempos, existen casos que lo han convertido en un “negocio”, por lo que –advirtió- “no vamos a defender lo indefendible”. Añadió que en Oaxaca y Chiapas hay emisoras usan el medio para “mal informar”. Sin embargo, el diputado Virgilio Caballero Pedraza (Morena) afirmó que esta reforma pretende criminalizar a las radios comunitarias e indígenas que carezcan de permisos para su operación. El dictamen de estas reformas sea presentado en los próximos días ante el pleno de la Cámara de Diputados. Por su parte, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias capítulo México, también rechaza esta iniciativa:
Ambulante busca cortometrajes mexicanos sobre justicia penal
Ambulante lanza una convocatoria para cortometrajes mexicanos —o filmados en México— que retraten algún aspecto del sistema de justicia penal en nuestro país. Se aceptan trabajos de cualquier año con una duración de entre 5 y 30 minutos. La justicia penal permite una diversidad de acercamientos y enfoques, entre ellos: Justicia penal con perspectiva de género o sobre los derechos indígenas; Casos de tortura o confesión forzada; justicia penal y derechos humanos; Historias sobresalientes de procesos de reparación de daños a las víctimas y La vida en las cárceles. Se aceptarán trabajos hasta el próximo 7 de octubre. Leer la convocatoria:
Buscamos cortometrajes mexicanos sobre justicia penal
Los titulares de hoy:
Sistema de alerta sísmica ejemplo de la mezquindad de gobernadores oaxaqueños
“No ha sido fácil ser defensor”: Omar Martínez
Aprueban Diputados cárcel de 2 a 6 años para operadores de radios sín concesión
Ambulante busca cortometrajes mexicanos sobre justicia penal
