“En México no se reprime, no se usa la fuerza del Estado en contra del pueblo, se practica la mayor libertad de expresión de toda la historia, no existe la censura”, mencionó en su mensaje con motivo del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Esta declaración de la presidenta podría considerarse engañosa, de acuerdo al análisis que realizan distintos medios de comunicación que se encargan de verificación de datos (fact checking), análisis del discurso público y combate a la desinformación.
En lo que va de 2025 se han documentado públicamente casos de censura contra ciudadanía, periodistas y medios de comunicación por críticas o cuestionamientos hacia actores políticos de Morena y a personas candidatas a distintos cargos. Entre las figuras jurídicas para justificar las sanciones y eliminación de publicaciones en redes está la “violencia política por razón de género”.
En Campeche, Jorge Luis González fue vinculado a proceso por “delitos de incitación al odio y violencia” contra la gobernadora morenista Layda Sansores. Inicialmente se le prohibió ejercer el periodismo por dos años y suspender el medio Tribuna, pero las medidas se modificaron para imponer la revisión judicial previa de sus publicaciones y prohibir declaraciones sobre Sansores.
Además, se registraron sanciones contra periodistas de La Barra Noticias en Campeche; contra la periodista Rubí Soriano, en Puebla, y contra reporteros de El Tlacolol, en Guerrero.
En el ámbito ciudadano, destacan el caso del abogado Carlos Velázquez de León, denunciado por Gerardo Fernández Noroña y obligado a una disculpa pública; el de Karla Estrella, sancionada por un mensaje en redes de 2024 en el que cuestionó a la diputada Diana Karina Barreras, ahora conocida como “dato protegido”; y el de Laisha Wilkins, requerida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras escribir “Dora la Censuradora” en redes.
En mayo, el periodista de El Universal Héctor de Mauleón fue obligado a pedir disculpas y retirar la columna en la que vinculó a Tania Contreras López, presidenta electa del Poder Judicial de Tamaulipas, con una red de huachicol. El periodista Ángel Camarillo también fue sancionado por publicar una investigación sobre presuntos casos de nepotismo entre funcionarios y candidatos en Veracruz y la Sala Regional del Tribunal Electoral ordenó retirar la nota, pagar una multa y ofrecer disculpas.
La figura de violencia política en razón de género está siendo utilizada en Veracruz como herramienta jurídica para sancionar y silenciar a periodistas y medios generando preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión como Artículo 19, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas (CEAPP). En los últimos meses al menos nueve periodistas han sido sancionados y enfrentan medidas como multas de hasta 10 mil pesos, el retiro de contenidos, disculpas públicas y la inscripción en registros de personas sancionadas. También se han emitido sanciones contra otros 22 medios y una académica que emitieron opinión crítica sobre la sentencia.
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