EDUCA participó en el Conversatorio “Mujeres Defensoras de Derechos Humanos”, organizado por la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) con la finalidad de establecer un diálogo sobre las circunstancias que enfrentan las defensoras de derechos humanos y promover el respeto a sus derechos.
Compartimos la intervención de la compañera Ana María García Arreola del Área de Derechos Territoriales de EDUCA:
Ser defensora comunitaria no debería representar un riesgo, sino una esperanza
Defensor o defensora comunitaria es un concepto en construcción que hemos propuesto un grupo de organizaciones y personas que participamos en la Escuela y en la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios, a continuación cito estos conceptos para ubicar nuestro marco de referencia:
Defensor o defensora comunitaria, son las personas y colectivos que promueven la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, sus territorios y recursos naturales, cultura y forma de vida comunitaria, sus sistemas de organización social y política.
La defensa comunitaria es un conjunto de acciones colectivas encaminadas a defender y promover los derechos sociales, políticos, económicos y culturales de las comunidades y pueblos indígenas.
Partimos de la idea o paradigma que la persona tiene derechos, pues bien este paradigma básico no ha sido fácil de reconocer ha costado vidas y procesos sociales históricos, si tomamos en cuenta esto, vemos que en el mundo occidental contemporáneo este reconocimiento se dio hace menos de 100 años, a partir de la constitución de la ONU posterior a una guerra, la Declaración Universal da reconocimiento a los derechos humanos. Progresivamente se ha dado reconociendo a los derechos políticos, civiles, los de las minorías, los de las mujeres, del medio ambiente y más recientemente hay un debate latinoamericano en relación los derechos de la madre naturaleza.
Hablar entonces de Defensores y defensoras es algo relativamente reciente, hasta hace algunas décadas se reconocían con otros nombres, en el caso de las mujeres, luchadoras sociales, activistas, feministas, dirigentas, entre otros. Sin embargo en un Estado de Derecho que ha reconocido convenios internacionales y realizado reformas constitucionales profundas, es necesario anotar que el reconocimiento a la defensa, educación y promoción de los derechos tiene ya una connotación legal y por tanto el Estado es responsable de brindarnos garantías para ejercer este trabajo, además del Estado es necesario también que nuestras sociedades se logre este reconocimiento.
Por naturaleza el trabajo de la defensa ha ido contra corriente porque cuestiona el orden establecido, el poder, los paradigmas y prácticas culturales que como sociedades hemos construido a lo largo de nuestras historias. El caso de las defensoras comunitarias nos devela con claridad esta situación.
Mujeres en la defensa comunitaria se enfrentan a diversas agresiones, son cuestionadas por su participación en espacios que tradicionalmente son para hombres, pero además defienden causas colectivas, defienden bienes como el agua, el maíz, la tierra, el territorio, la lengua. Es decir temas relacionadas a la vida, la vida personal, familiar, comunitaria. Las situaciones no son fáciles, pues muchas de ellas enfrentan situaciones familiares o de pareja complejas, enfermedades, jornadas excesivas de trabajo remunerado o no, se vive una constante tensión por resolver los problemas propios y los de la comunidad.
En el trabajo con comunidades y organizaciones hemos vivido de cerca problemáticas que parten de una amenaza a la comunidad, en donde hombres y mujeres se involucran, pero que la viven de manera diferenciada las mujeres indígenas o campesinas, el caso de Magdalena Teitipac no puede ilustrar una muestra. La comunidad agraria esta amenazada por la concesión para explotación de oro por parte de la empresa Plata Real, varios comuneros buscaron información y emprendieron un proceso comunitario para preservar sus derechos como campesinos, como comuneros por la defensa de sus territorios, se constituyó también el Comite Comité por la Defensa de Integridad Territorial y Cultural de Magdalena Teitipac.
En este proceso las mujeres tomaron una participación activa en reuniones, asambleas y movilizaciones en el año 2013 se realizaron varias acciones legales y organizativas para que se respetara la decisión de no aceptar el proyecto minero, las mujeres cuestionaron fuertemente el papel de las autoridades agrarias que habían firmado algunos permisos para la explotación, en una de las asambleas al ser cuestionado por la esposas de varios comuneros, el amenazó ante la población “si yo quiero hasta las puede violar aquí” al mismo tiempo que les empujó la mesa que servía de presidium. Este hecho desató el enojo por parte de la asamblea y desencadenó otros sucesos violentos.
En otro caso, en la costa de Oaxaca varias comunidades y municipios se organizaron para defender el Río Verde contra la construcción de una presa hidroeléctrica, mujeres defensoras de Paso de la Reyna, fueron víctimas de comentarios lesivos por parte de personal que se encontraba haciendo estudios para la Comisión Federal de Electricidad. Dijeron integrantes del COPUDEVER, “los ingenieros nos dijeron que aceptáramos la presa porque así vamos a dejar de usar nuestros guaraches y dejar de hacer nuestras tortillas, que eso no sirve, que debemos de entrar a la modernidad y al desarrollo”
En San José del Progreso Ocotlán, tras varios años de lucha contra la minera Cuzcatlán filial de Fortuna Silver, en el año 2012, un atentado donde perdió la vida el defensor Bernardo Vásquez, su compañera Rosalinda Dionisio recibió varios impactos de bala que le afectaron gravemente su salud, hasta hoy las secuelas le causan problemas con su pierna, más aún las secuelas emocionales siguen ahí.
Estos hechos nos dan una idea de la diversidad de agresiones de que son objeto las defensoras, algunas tienen una fuerte connotación sexual, otras son discriminatorias y otras marcan la vida de estas mujeres de manera brutal.
Las ideas atrás de estas agresiones nos dan idea de que no han cambiado las estructuras de poder patriarcal, racistas y de exclusión social. Ante estos retos es necesario reconocer que hace faltan procesos educativos amplios de la sociedad (no solo escolares), un cambio de paradigma en los servidores públicos y en las instancias encargadas de impartir justicia. Es necesario re-educarnos en los nuevos paradigmas reconocidos en lo legal, el principio de presunción de inocencia, el principio pro-personas, los derechos colectivos.
Ser defensora no debería representar un riesgo, sino una esperanza.
